Bilbao y Vitoria declaran zonas tensionadas de vivienda: todas las capitales vascas han puesto ya tope a los precios del alquiler

Son ya 304 municipios de Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia declarados como zonas tensionadas. A Coruña es la única capital de una comunidad presidida por el PP en esta situación

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. David Zorrakino/Europa Press.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. David Zorrakino/Europa Press.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho pública este jueves, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la declaración de Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Astigarraga y Usurbil como zonas de mercado residencial tensionado. Según la resolución, la medida entrará en vigor mañana, viernes 31 de octubre, y permitirá aplicar los mecanismos de contención de precios previstos en la Ley por el Derecho a la Vivienda.

En el caso de Vitoria-Gasteiz, la declaración excluye la zona rural conformada por entidades locales menores no integradas en la trama urbana.

Con esta resolución, sumada a la del 28 de julio, en la que se declaró a San Sebastián, todas las capitales vascas son ya zonas de mercado tensionado. En toda España, hay 304 municipios de Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia en esta situación. A Coruña es la única ciudad de una comunidad presidida por el PP que ha puesto un tope a los precios.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la decisión afirmando que la declaración de zona tensionada “acaba con las subidas abusivas del alquiler”. Rodríguez ha subrayado que “los nuevos contratos que se firmen en Bilbao o Vitoria-Gasteiz se tienen que referenciar al anterior”, destacando que “la Ley de Vivienda funciona y da estabilidad a los inquilinos”.

Aplicación de la Ley de Vivienda

El Ministerio ha recordado que la Ley por el Derecho a la Vivienda establece un procedimiento normativo específico para contener los precios del alquiler en aquellas zonas donde los incrementos acumulados en los últimos años hayan sido considerados “desproporcionados”.

En aplicación de esta normativa, todos los nuevos contratos de arrendamiento firmados a partir del viernes en los municipios declarados deberán referenciarse al precio del contrato anterior, con el objetivo de evitar incrementos abusivos y estabilizar el mercado.

Asimismo, la ley impone a las administraciones públicas la obligación de desarrollar planes de medidas urgentes destinados a ampliar la oferta de vivienda en alquiler, con el propósito de revertir la situación en un plazo máximo de tres años.

El Ministerio ha señalado que la delimitación de zonas tensionadas protege tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios, a quienes define como “buenos caseros” por “poner sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia o el precio del contrato anterior”.

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