Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han anunciado este lunes su rechazo frontal al nuevo Plan Estatal de Vivienda diseñado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez. Los ejecutivos autonómicos critican que el proyecto se ha elaborado de manera “unilateral”, sin tener en cuenta las aportaciones remitidas por las autonomías en julio, y avanzan que pedirán en la próxima Conferencia Sectorial su “desideologización”.
Críticas a la intervención y a las subvenciones
Según el comunicado difundido por el PP, el plan del Gobierno obliga a aplicar políticas “con consecuencias nefastas”, como la declaración de zonas de mercado tensionado, la intervención del mercado del alquiler y la “generalización de subvenciones” que, a juicio de los populares, solo provocan una “subida generalizada de precios”.
Los gobiernos autonómicos del PP reclaman más suelo, más vivienda y menos burocracia, en lugar de “más ideología”. “No pondremos en marcha medidas que han aniquilado proyectos de vida de millones de españoles que no pueden acceder a una vivienda”, han advertido.
El 40% de financiación autonómica, en el punto de mira
Otro de los puntos más cuestionados es la exigencia de que las comunidades financien el 40% del plan. Para los populares, esta obligación “rompe el principio de igualdad de los españoles” y limita la autonomía presupuestaria de las regiones. Además, critican que el Ministerio de Vivienda “solo ha ejecutado un tercio de su presupuesto en dos años”, mientras ahora pretende triplicar la inversión.
Ataques a Sánchez y a la política juvenil de vivienda
El PP acusa al presidente del Gobierno de utilizar la vivienda como “juguete político” y de basar su gestión en “propaganda con inversiones ficticias”. También rechaza las medidas dirigidas a los jóvenes, que, según su valoración, se limitan a “subvenciones que los convierten en inquilinos dependientes del Estado”.
En el capítulo de seguridad residencial, los populares reprochan que el plan no incluya ninguna iniciativa contra la ‘okupación’ o la ‘inquiokupación’, y critican que en su lugar se contemple “dar ayudas del 100% del alquiler durante 5 años a los que hayan sido desalojados”.
La propuesta de 30.000 euros, «humo»
Especial rechazo ha generado la medida anunciada por el Ejecutivo de ofrecer 30.000 euros de ayuda para alquiler protegido con opción a compra, que el PP tilda de “humo”, al señalar que este modelo de arrendamiento “apenas existe en España” y que entre 2018 y 2025 solo se han registrado 632 viviendas protegidas de este tipo.
Los populares recuerdan que han presentado un Plan de Vivienda alternativo que califican de “ambicioso y reformista” y acusan al Gobierno de bloquear la Ley Antiokupación y la Ley del Suelo aprobadas en el Senado. “Menos medidas vacías y más iniciativas realistas y constructivas”, concluyen.
La respuesta del ministerio
Ante el rechazo por parte de las comunidades gobernadas por el PP, fuentes del ministerio de Vivienda reiteran el ofrecimiento a todas las regiones para acordar un plan que, afirman, «triplica los recursos disponibles para políticas públicas de vivienda, hasta los 7.000 millones».
Las mismas fuentes recuerdan que el borrador del plan, que está en proceso de audiencia pública y abierto a «sugerencias constructivas», ha sido elaborado durante meses por «equipos técnicos en colaboración con expertos y ha recibido estas últimas semanas el aval de sindicatos, patronales y promotores públicos y privados».
En defensa del texto, alegan también desde Vivienda que «las condiciones que planteó el Presidente del Gobierno el pasado mes de junio coinciden con los consensos que hay entre la ciudadanía en la materia: hay que invertir más para construir más, hay que proteger para siempre la vivienda que se construya con los impuestos de todos y hay que dar una mayor transparencia en los datos».
Para finalizar, han dicho que, pese a todo, confían «en la responsabilidad de los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas de cara a la reunión del próximo jueves para que todas las administraciones competentes alcancemos un acuerdo beneficioso para el conjunto de la ciudadanía».