QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a un real decreto que regula un nuevo sistema de cobertura para los propietarios frente a posibles impagos de rentas en contratos de alquiler de vivienda firmados con jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta herramienta, que será tramitada y gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y por las ciudades de Ceuta y Melilla, tiene como finalidad facilitar el acceso a la vivienda a estos grupos de población que encuentran más dificultades.
Para poder acogerse a este mecanismo de protección, los arrendadores deberán cumplir varias condiciones: formalizar un contrato de arrendamiento con menores de 35 años o con personas vulnerables (en los términos que defina cada comunidad autónoma), fijar una renta que no rebase el índice estatal de referencia del alquiler y haber depositado la fianza legal obligatoria, así como sus eventuales actualizaciones. Además, tendrán que suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval al alquiler, siguiendo el modelo aprobado por la Administración.
Junto a estos requisitos básicos, las comunidades autónomas tendrán margen para incorporar criterios adicionales si lo estiman oportuno, dado que serán las encargadas de la gestión directa de estos avales y de su aplicación práctica.
El aval cubrirá impagos de renta y daños en la vivienda
Las compensaciones incluidas en este esquema de aval abarcarán tanto el impago de las mensualidades del alquiler como los desperfectos ocasionados en la vivienda y el coste de suministros que hayan quedado pendientes de pago.
Las personas que podrán beneficiarse de esta medida, siempre que se encuentren al día en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, serán los propietarios de las viviendas arrendadas o, en su caso, las comunidades de propietarios cuando estas hayan suscrito una póliza de seguro con los arrendadores.
La cobertura, cuya dotación presupuestaria todavía no ha sido aprobada ni cuenta por el momento con una cuantía concretada, se limitará a los impagos y daños que se produzcan en contratos de alquiler vigentes a 30 de enero de 2025. Las comunidades autónomas deberán remitir cada seis meses información detallada al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre las coberturas concedidas y los casos atendidos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró la semana pasada que esta compensación para propietarios que alquilen a jóvenes o personas vulnerables busca “dar garantías” y evitar discursos que “alimentan el miedo” en relación a la vivienda.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado que el Gobierno aprobaría un real decreto con una partida “que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables”, una petición que había demandado Junts.
