La Confederación de Sindicatos de Inquilinas está organizando una huelga de alquileres contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, a la que acusa de mantener prácticas “sistemáticas y estructurales” contrarias a la legalidad. La organización asegura que esta iniciativa llega tras años de conflictos, denuncias y procesos judiciales relacionados con la actividad de la compañía, que provocaron, en diciembre de 2025, la interposición de una sanción por parte del Ministerio de Consumo.
El expediente está pendiente de resolución definitiva. A pesar de ello, desde la organización han decidido no esperar al final del periplo judicial: "No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda”, destacan.
En paralelo, el sindicato sostiene otra demanda judicial contra la compañía por el cobro “encubierto” de honorarios y la gestión “irregular” de depósitos. El juicio no arrancará hasta febrero de 2028, lo que, según denuncian, pone de manifiesto la incapacidad del sistema judicial para dar respuesta a la actual emergencia habitacional. “La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa”, sostienen desde la organización.
El objetivo de la campaña es unir a las inquilinas que viven en viviendas gestionadas por la citada empresa y preparar una convocatoria de huelga. Según indican, ya cuentan con cientos de familias organizadas, muchas de ellas afectadas que han acudido a los sindicatos tras años de problemas con la gestión de sus contratos de alquiler. Aún no han dado detalles de cómo se concretaría esta acción, al respecto de si se retendría total o parcialmente el dinero de la renta.
Multa del Ministerio de Consumo a Alquiler Seguro
El origen del conflicto se sitúa en el 1 de febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid presentó una demanda en los tribunales y seguidamente una denuncia ante la Dirección General de Consumo por prácticas como el cobro ilegal de honorarios, la imposición de cláusulas abusivas o la vulneración del derecho de desistimiento. Esta denuncia derivó en una sanción de 3,6 millones de euros por parte del Departamento de Pablo Bustinduy.
En el expediente sancionador se detallaron diversas irregularidades en los contratos con los inquilinos. Entre ellas, figuran “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar (…) y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.
La resolución concluye que la empresa incurrió en seis infracciones tipificadas como “muy graves” y una considerada “grave”, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
¿Cómo se desarrollará la campaña de la huelga de alquileres?
La campaña anunciada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tendrá varias fases. Como primer paso, la organización ha afirmado que recorrerá las cerca de 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en todo el territorio estatal para informar a las personas que viven en ellas y organizar a las inquilinas.
Según explican desde la organización, ya existen cientos de familias organizadas, muchas de ellas afectadas que han contactado con los sindicatos por iniciativa propia. “Son inquilinas que nos han llamado tras años de abusos. La gente está harta y quiere pasar a la acción”, señalan.
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La convocatoria definitiva de la huelga todavía no tiene fecha. La Confederación explica que se debatirá y aprobará en asambleas de inquilinas una vez termine la primera fase de la campaña, centrada en contactar con todas las personas afectadas.
Entre las reivindicaciones del movimiento se encuentra la recuperación del dinero que consideran cobrado de forma indebida y la denuncia de lo que califican como abusos en el acceso al alquiler. “Cada 5 o 7 años nos vemos obligadas a desembolsar más de 4.000 euros para entrar en una vivienda de alquiler y subiendo”, afirman.
¿Qué es una huelga de alquileres?
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid define una huelga de alquileres como “una forma de desobediencia civil organizada donde inquilinas retienen parcial o totalmente el pago del alquiler como herramienta de presión para resolver conflictos con arrendadores o denunciar la injusticia estructural del modelo de vivienda”.
Según esta organización, no se trata de una acción individual, sino de una estrategia colectiva. “No es una acción individual ni espontánea: es una estrategia sindical colectiva, que se planifica, ejecuta y defiende desde las asambleas y sindicatos de inquilinas”, detallan.
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El proceso incluye diferentes fases organizativas, como la realización de asambleas, la elaboración de un censo de viviendas, la visita a los vecinos para informarles de la iniciativa, la votación de la convocatoria y el registro de las personas que participan en la huelga.
Una vez iniciada la huelga, los participantes comunican al propietario la suspensión del pago del alquiler, mientras el sindicato organiza acciones públicas, campañas de difusión y nuevas incorporaciones al movimiento.
¿Qué es la Confederación de Sindicatos de Inquilinas?
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, convocante de esta huelga de alquileres en España, es una agrupación que reúne a sindicatos de inquilinas de más de una docena de ciudades y territorios del Estado, entre ellos Cataluña, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ibiza, Cádiz, Asturias, Vigo, Guadalajara o Segovia.
La organización nació el pasado año como un espacio de coordinación del movimiento de inquilinas a nivel estatal y tiene como objetivo impulsar campañas conjuntas contra los abusos del mercado del alquiler, promover la organización colectiva de las arrendatarias y extender conflictos locales a escala estatal.
A la campaña contra Alquiler Seguro también se han sumado el Sindicato de Vivienda de Murcia, LAB Etxebizitza (Euskadi), el Sindicat de Vivenda de Carolines (Alicante) y Derecho al Techo (Gran Canaria).