La vivienda continúa siendo el principal problema de los españoles, de acuerdo con el Barómetro del CIS del pasado mes de julio. Una preocupación cíclica para la sociedad española que a lo largo del último siglo ha tenido que hacer frente a varias crisis del sector que han dificultado el acceso a generaciones a una vivienda digna y asequible.
Para encontrar los primeros antecedentes de intervención estatal en el mercado inmobiliario hay que remontarse a 1911. Bajo el reinado de Alfonso XIII y con José Canalejas liderando un Gobierno liberal, se aprobó la conocida como «Ley de las casas baratas», que consideraba como tales aquellas construidas por particulares o colectivos, destinadas exclusivamente al alojamiento de las personas que recibían «modestos» ingresos como remuneración por su trabajo.
La norma incluso hacía mención a la organización de concursos y a la entrega de premios para «suscitar la iniciativa social en favor dé la construcción y mejora de las habitaciones baratas».
Parte de los objetivos que anhelaba la ley se materializó en el primer gran organismo público de vivienda: el Instituto de Reformas Sociales, que desde 1915 desarrolló el Patronato de Casas Baratas para promover vivienda obrera.
Tras la Guerra Civil se creó el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) dentro del Ministerio de la Gobernación, que centralizó toda la política de vivienda hasta los años 70. Pero en 1957 el régimen franquista daría un paso más con la constitución del Ministerio de Vivienda. Aludiendo a las «nuevas necesidades» que debía afrontar España en una década en la que el franquismo dejó atrás la autarquía y el aislacionismo, creó esta nueva cartera. El INV cambió de manos y los planes de desarrollo y las viviendas de protección oficial (VPO) quedaron adscritos al mismo.
Cuestión del pasado
En junio de 1977, Adolfo Suárez llevaba un año siendo presidente del Ejecutivo y las urnas volvieron a abrirse en España tras cuarenta años de dictadura. Los ciudadanos otorgaron su confianza a la UCD, que gobernó en solitario, y Suárez constituyó, ahora sí, un Consejo de Ministros a su medida. Entre la reorganización de carteras y los juegos de silla, destacó la supresión del Ministerio de Vivienda que había impulsado Franco en la década de los cincuenta.
En su lugar, creó el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (conocido en la administración como MOPU), que pasó a asumir las competencias de vivienda. Esta cartera fue ocupada en primer lugar, por Joaquín Garrigues Walker, y más adelante, por Jesús Sancho Rof. Con la llegada de Leopoldo Calvo-Sotelo a la Moncloa, el ministerio pasó a manos de Luis Ortiz González. La crisis económica era patente, así como la elevada cifra de paro, pero por entonces, la vivienda no ocupaba un lugar destacado entre las preocupaciones de los españoles según el CIS.
La pelota cambia de manos
Hasta su tercera legislatura, Felipe González optó por mantener la denominación del MOPU que siguió integrando las competencias de vivienda. Y entre 1982 y 1991, al frente del ministerio estuvieron Julián Campo Sainz de Rozas, y más adelante, Javier Sáenz de Cosculluela. Cosculluela sigue siendo a día de hoy el ministro que durante más tiempo ha dirigido la política en materia de vivienda, ya que estuvo al frente del ministerio durante seis años.
En 1991, el MOPU perdió la etiqueta de urbanismo, que décadas después recuperaría Pedro Sánchez en su actual Gobierno, y sumó «transportes» con Josep Borrell al frente. En el último ejecutivo de González, y de nuevo con Borrell, las competencias de vivienda encontraron acomodo en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Se da la circunstancia, de que dos de los grandes problemas en la actualidad, la crisis de la vivienda y el cambio climático, a finales de la década de los noventa estaban bajo el mismo paraguas institucional.
Durante los primeros años de mandato de González, la preocupación de los españoles por la vivienda se situaba en el 2,1%. Transcurrida una década, el porcentaje apenas había incrementado cuatro décimas, como refleja el gráfico elaborado por EPdata a partir de los barómetros del CIS.
Con cartera propia
Entre los múltiples cambios que trajo la elección de José María Aznar como presidente estuvo la redefinición del organigrama del Gobierno. El MOPU y sus variables de los gobiernos socialistas, dejaron paso al Ministerio de Fomento. Rafael Arias Salgado, primero, y Francisco Álvarez Cascos, después, pilotaron las competencias de vivienda en una época de bonanz en la que, sin embargo, esta ya empezó a despuntar como una de las grandes preocupaciones sociales.
La escalada de precios, la dificultad de acceso y los cantos de la burbuja inmobiliaria que estaba por llegar, propiciaron que José Luis Rodríguez Zapatero recuperara el Ministerio de Vivienda. Una decisión que perseguía poner de manifiesto ante la sociedad, que la vivienda era una cuestión destacada para el ejecutivo socialista, al punto de constituir una cartera exclusiva para tratar de atajar la crisis. En los años de gobierno socialista, Zapatero situó al frente de la política de vivienda a María Antonia Trujillo (2004-2007), Carme Chacó (2007-2008) y Beatriz Corredor (2008-2010). En 2007 la preocupación por esta cuestión se situaba ya en el 37,3% según el CIS.
La crisis económica abocó a una crisis de Gobierno y Zapatero terminó por suprimir los ministerios de Igualdad y Vivienda, sus dos grandes apuestas de políticas sociales. Vivienda volvió a Fomento bajó las manos de José Blanco.
En tierra de nadie
En esta línea de austeridad, Mariano Rajoy diseñó un ejecutivo reducido y mantuvo las competencias de vivienda bajo el Ministerio de Fomento y designó a Ana Pastor como ministra del ramo. En su segundo Gobierno, la responsabilidad recaería sobre Iñigo de la Serna.
Tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, el nuevo presidente anunció un gabinete muy numeroso y destacados cambios en la formulación tradicional de los ministerios. Tras una primera etapa en la que José Luis Ábalos asumió Fomento, la cartera con competencias en vivienda pasó a conocerse como «Transportes, Movilidad y Agenda Urbana». Tras la abrupta salida de Ábalos del Ejecutivo, Raquel Sánchez cogió las riendas del departamento.
Finalmente, en 2023, siguiendo una estrategia similar a la de Zapatero, Sánchez anunció la creación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Más de una década después, vivienda volvía a tener una cartera propia y la planificación urbanística regresaba a la parte más alta del organigrama gubernamental.
Zonas tensionadas
Desde que fuera nombrada ministra, Isabel Rodríguez ha tenido que lidiar con un sector tensionado y un malestar social al alza. Bajo el pretexto de poner límites y tratar de aliviar la presión del mercado inmobiliario, el Gobierno impulsó la Ley de Vivienda que anhelaba ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas.
Una de las principales novedades que introdujo esta normativa fue la creación de las «zonas tensionadas» que hace referencia a las áreas donde los precios de la vivienda (ya sea de alquiler o compra) son desproporcionados respecto a los ingresos de la población local, dificultando el acceso a una vivienda asequible.
Para que un municipio solicite esta declaración es necesario que en ese territorio las personas o familias dediquen más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos. El otro requisito es que el precio de alquiler o de compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC.
Una vez declarada la zona como tensionada, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años una vez aplicada la cláusula anual de actualización de ese contrato. Además, cuando el propietario sea un gran tenedor, el alquiler no podrá superar el índice de referencia del precio de alquiler.
A través de esto lo que se persigue es «orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en aquellos ámbitos territoriales en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población, en condiciones que la hagan asequible para su acceso en el mercado”, sostiene el Ministerio de Vivienda.
Las declaraciones de zonas tensionadas cuentan con una validez de tres años que puede ser prorrogable anualmente si las circunstancias que impulsaron la declaración siguen dándose.