La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha reaccionado con dureza a la decisión del Congreso de los Diputados de derogar el Real Decreto-ley de prórrogas de alquiler, una medida que, aunque consideran insuficiente, estimaban que podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027.
La organización sostiene que el rechazo parlamentario evidencia una “prioridad rentista” por parte de la derecha y la extrema derecha, incluyendo a PP, Vox y Junts per Catalunya, así como la abstención del PNV, a quienes acusan de situarse del lado de los intereses del mercado inmobiliario frente a la mayoría social.
“Prioridad rentista” y críticas a los grupos parlamentarios
Desde la Confederación consideran que la votación refleja un posicionamiento político claro en favor de los propietarios y grandes tenedores, y sostienen que el resultado supone un retroceso en la protección de los inquilinos en un contexto de fuerte presión en los precios del alquiler.
En su valoración, enmarcan la decisión como una defensa del rentismo y critican que se haya bloqueado una herramienta que, según defienden, habría dado estabilidad a miles de hogares.
Campaña de respuesta y recursos para inquilinos
Tras la votación, los sindicatos han anunciado el lanzamiento de una campaña de asesoramiento y respuesta dirigida a inquilinos afectados por el fin del decreto.
En las últimas semanas aseguran haber distribuido más de 16.000 modelos de prórrogas de alquiler y recopilado respuestas de arrendadores, lo que les ha permitido elaborar distintos documentos para contestar a las objeciones más habituales, como la supuesta pérdida de validez del mecanismo tras el rechazo parlamentario o la alegación de uso propio de la vivienda por parte del propietario.
Además, han puesto en marcha una web informativa para orientar a los inquilinos sobre cómo responder ante negativas de los caseros y reforzar la defensa de sus derechos.
Movilización social y campaña de desobediencia civil
La Confederación mantiene activa la campaña de desobediencia civil y acción sindical bajo el lema “Nos Quedamos”, con el objetivo de sostener la presión social en torno al acceso a la vivienda.
En paralelo, anuncian una nueva fase de movilización que califican como una “primavera de protestas” ante lo que consideran una situación de bloqueo institucional.
La primera convocatoria ya tiene fecha: será el 24 de mayo en Madrid, con una manifestación prevista en Atocha a las 12:00 horas.
Los sindicatos alertan del aumento de la brecha entre salarios y alquileres. Según sus datos, mientras los sueldos habrían crecido alrededor de un 20% en cinco años, los precios del alquiler en capitales de provincia habrían subido cerca de un 60%, lo que agrava la crisis de acceso a la vivienda.