El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 está elaborando un informe (del que ha adelantado algunos hitos) sobre la subida del precio del alquiler de vivienda que se producirá en 2026, ante la oleada de renovaciones de contratos que tendrá que llevarse a cabo.
Con datos extraídos del Panel de Hogares (elaborado por el Instituto Nacional de Estadística –INE-, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy estima que 632.369 contratos de alquiler ( que afectan a 1,6 millones de personas) finalizarán en 2026, puesto que se firmaron en 2021 y cumplirán los cinco años que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
En ese momento, el contrato podrá renovarse con muy malas noticias para los inquilinos, puesto que, según el estudio en desarrollo, el incremento medio anual de la renta del alquiler será de 1.735 euros.
Diferencias entre comunidades
La Comunidad en la que más contratos vencen es Madrid con 145.881, detrás está Cataluña (112.728), Andalucía (85.491) y la Comunidad Valenciana (62.523).
En cuanto a la subida de precio, el ranking lo lidera, con mucha diferencia, Baleares, donde se espera un incremento medio de 4.615 euros. Le siguen la Comunidad Valenciana (2.686 euros), Canarias (2.267), Madrid (2.042), Cantabria (1.969), Andalucía (1.952), La Rioja (1.408), Castilla-La Mancha (1.131), Asturias (1.087) y Murcia (1.013).
El informe no incluye datos del aumento de precio del País Vasco y Navarra, puesto que no se incluyen en el Panel de Hogares al tener un régimen foral, ni tampoco de Cataluña, que tiene declarada como zona tensionada gran parte de su territorio.
Bustinduy presiona al PSOE para aprobar una prórroga de los contratos de alquiler
Recientemente, Pablo Bustinduy, instó a su aliado en el Gobierno, el PSOE, a ratificar con urgencia la extensión automática de los contratos de alquiler que expiran el próximo año, una acción que describió como “una medida sencilla que se puede aplicar inmediatamente”.
“Hay que pinchar la burbuja del alquiler y creo que nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vencimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30%, un 40% o un 50% de sus rentas”, declaró el ministro.
“Aquí estamos ante un conflicto de intereses: o se protegen los intereses de los inquilinos e inquilinas y las familias trabajadoras, o se blindan los beneficios de una minoría rentista que está extrayendo riqueza de las familias trabajadoras para su propio lucro”, añadió Bustinduy.