Vivienda defiende la regularización de migrantes para "garantizar los derechos de este colectivo"

El Gobierno subraya que la medida responde a una demanda del sector y refuerza los derechos de un colectivo especialmente vulnerable en el mercado inmobiliario.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la visita a las 40 viviendas colaborativas para jóvenes, a 10 de abril de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). Rafael Bastante - Europa Press

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reivindicado la regularización extraordinaria de personas migrantes como una medida “necesaria” tanto para el sector de la construcción como para garantizar el acceso a una vivienda digna.

Según ha explicado, esta decisión responde a una doble realidad: por un lado, la necesidad de mano de obra en un sector estratégico; por otro, la situación de vulnerabilidad que sufren miles de personas migrantes en España.

Un sector que reclama trabajadores

Rodríguez ha destacado que cerca de un 20% de los trabajadores de la construcción son migrantes, en un contexto en el que las empresas demandan más personal para hacer frente a la actividad del sector.

En este sentido, ha señalado que tanto organizaciones sindicales como empresariales venían reclamando esta regularización, ya que permitiría incorporar a estos trabajadores al mercado laboral con plenas garantías legales y derechos laborales.

Más allá de la economía: una cuestión de derechos

La ministra ha insistido en que el impacto de la medida no es solo económico, sino también social. Las personas migrantes en situación irregular, ha explicado, enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda, quedando en muchos casos expuestas a abusos y condiciones precarias en el mercado del alquiler.

Regularizar su situación administrativa supone, según el Ministerio, un paso decisivo para facilitar su acceso a una vivienda digna y mejorar sus condiciones de vida.

Desde el Gobierno defienden que esta medida permitirá avanzar en la integración social y reducir situaciones de exclusión residencial, al ofrecer mayor estabilidad jurídica y económica a este colectivo.

Además, consideran que contribuirá a ordenar el mercado laboral y a reforzar sectores clave como el de la construcción, que atraviesa una falta estructural de trabajadores. Rodríguez ha definido la decisión adoptada por el Consejo de Ministros como “un acto de justicia y de dignidad”, y ha defendido que sitúa a España como un referente en la defensa de los derechos humanos.