El sindicato ACAIP-UGT ha hecho público que el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, se ha quedado sin facultativos después de la jubilación de toda la plantilla médica y la ausencia de sustituciones para las siete plazas previstas.
La organización sindical, mayoritaria en Instituciones Penitenciarias, advierte además de que la "privatización" del servicio decidida por el Ministerio del Interior, mediante la contratación de una empresa externa por "solo 60 horas mensuales", "colapsará" las urgencias del Hospital Valdecilla al "multiplicarse" los traslados a este recurso sanitario.
En su nota, ACAIP denuncia el "abandono sanitario extremo" que sufren los 400 internos de esta prisión cántabra, que han quedado sin la atención médica "mínima" dentro del establecimiento, y califica de "parche insuficiente" la solución adoptada por el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska.
Según el sindicato, la adjudicación de la asistencia sanitaria a la empresa Emocional Technologies 22 SL, por un importe anual aproximado de 60.000 euros, resulta "a todas luces insuficiente", ya que el contrato prevé "únicamente" 15 horas semanales de atención para "centenares de reclusos, muchos de ellos con patologías crónicas, psiquiátricas y graves dependencias".
ACAIP avisa de que la ausencia de médicos dentro de la prisión provoca un "efecto dominó" que repercute en el sistema de salud de Cantabria y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La falta de diagnósticos previos en los internos de El Dueso "multiplicará" las derivaciones a las Urgencias de Valdecilla, "colapsando sus servicios".
A ello se añade que cada traslado exige la presencia de agentes de la Guardia Civil para la custodia y acompañamiento, "detrayendo efectivos de las calles de Cantabria para labores de vigilancia hospitalaria".
Acceso a datos clínicos e integración pendiente
ACAIP-UGT manifiesta igualmente su inquietud por que personal ajeno a la Administración, perteneciente a una compañía privada, pueda acceder a los historiales médicos y a información "altamente sensible" de la población reclusa, una función que hasta ahora desempeñaba personal funcionario sometido a "estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad".
El sindicato reclama a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que adopte soluciones "reales y estables" y recuerda que la normativa ya obligaba a integrar la sanidad penitenciaria en los servicios de salud de las comunidades autónomas "hace más de dos décadas", un mandato que, según denuncia, el Gobierno "sigue incumpliendo mientras el sistema sanitario de las prisiones se desmorona".