El Cabildo de Tenerife manifestó este miércoles su “rechazo absoluto y rotundo” a que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y actualmente fondeado en Cabo Verde, sea llevado a la isla, tal y como ha decidido el Gobierno central.
En una comparecencia ante los medios, la presidenta, Rosa Dávila, leyó un comunicado en el que la corporación “cierra filas” con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, respaldando su negativa a que el buque entre en aguas del archipiélago.
“Tenerife no puede convertirse una vez más en el territorio elegido para asumir crisis internacionales que otros países no quieren gestionar”, enfatizó Dávila, remarcando que “resulta inadmisible que se pretenda poner en riesgo la seguridad sanitaria, la tranquilidad social y la capacidad asistencial” de la isla.
El Cabildo criticó al Ejecutivo estatal por la ausencia de “consenso” y de “información suficiente”, y por haber adoptado la medida “sin el respaldo” de las instituciones canarias y “de forma unilateral desde Madrid”.
“No aceptamos que Tenerife sea utilizada como plataforma de contingencia permanente por nuestra lejanía geográfica respecto a la península o por criterios de conveniencia política. La solidaridad no puede imponerse sacrificando la seguridad y la estabilidad de nuestro territorio”, añadió la presidenta insular.
En consecuencia, Dávila reclamó la “paralización” de cualquier dispositivo vinculado a la posible llegada del crucero hasta que haya “total transparencia” sobre la gravedad del brote, el número de personas afectadas, los riesgos reales de contagio y las garantías sanitarias efectivas.
A su entender, “las declaraciones genéricas sobre protocolo y control de la situación no son suficientes cuando está en juego la salud pública de toda una isla y la confianza de su población”.
Recordó además que la isla ya sufre una “enorme presión” sobre sus servicios públicos, en especial los sanitarios, y que “pretender añadir una operación de estas características demuestra un profundo desconocimiento de la realidad del archipiélago y de nuestra isla y una alarma y una alarmante falta de respeto institucional hacia nuestra comunidad”.
Insta al Gobierno central a asumir sus competencias
Dávila reiteró que “Tenerife no puede ni debe ser el destino automático para resolver emergencias internacionales que requieren instalaciones especializadas y decisiones responsables” y avisó de que “quienes toman esta decisión deberán asumir íntegramente las consecuencias políticas y sociales que pueda generar”.
En esta línea, subrayó que “defender Tenerife es defender la seguridad, la dignidad y el derecho” de sus habitantes a no ser considerados un “territorio de sacrificio”, insistiendo en que cualquier intervención necesaria en el crucero debe llevarse a cabo en Cabo Verde.
La presidenta insular confió en que Clavijo pueda reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se “reconduzca a la situación” y “se ponga fin” a este episodio, decidido de forma “unilateral” y “a altas horas de la noche” de este jueves, pese a que en una reunión técnica previa se había acordado de manera conjunta que el crucero no sería trasladado a Tenerife.
Dávila afirmó que “Tenerife no es el cuarto trastero de Pedro Sánchez” y le reprochó que las “crisis internacionales que no sabe gestionar las manda para Canarias y en concreto para Tenerife”. “Esta gestión se puede hacer perfectamente desde Cabo Verde, coger allí desembarcarlo y repatriarlo”, apuntó.
Asimismo, acusó al Gobierno central de intentar trasladar a la isla “un problema” ajeno a Tenerife que solo provoca “alarma social y sanitaria”, al no estar “claros” los protocolos, más aún cuando Cabo Verde “ha dicho que no” por razones de salud pública. “Queremos proteger a la población de Tenerife”, recalcó.
La presidenta remitió este mismo miércoles una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los ministros Mónica García, Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, y al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, en la que reitera su oposición a que el barco sea derivado a la isla y reclama información pública completa y transparente, una coordinación real con las instituciones canarias, protocolos de aislamiento plenamente garantizados y “absoluta seguridad” tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios.