La Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno central de incluir el monumento de sa Feixina en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática, paso previo para proceder a su retirada del espacio público.
El monumento es un monolito situado en un parque de Palma que fue levantado originalmente en recuerdo de la tripulación del crucero franquista Baleares, hundido durante la Guerra Civil.
En una nota pública, la entidad acusa al Gobierno de España de “vulnerar” la propia ley de memoria democrática al “olvidar” la declaración municipal de contextualización de 2010, así como la Constitución y la ley de patrimonio histórico de Baleares.
ARCA remarca que en 2010, con el apoyo unánime de todos los grupos del Ayuntamiento de Palma, el monumento fue resignificado y “pasó a ser un símbolo en contra de las guerras y de las dictaduras”. Posteriormente, lamenta que determinados sectores de la izquierda “resucitaron el tema” y pidieron su derribo “ignorando la unanimidad” alcanzada entonces.
A raíz de ese cambio de postura política, ARCA inició un procedimiento judicial para salvaguardar los valores patrimoniales del monolito. “Los tribunales nos dieron la razón y el Consell Insular se vio obligado a catalogar el monumento”, recuerdan desde la asociación.
La entidad también incide en que determinados actos “de ideología ultraconservadora” celebrados en el lugar “tampoco hacen ningún bien a la neutralidad del elemento” que ARCA pretende preservar.
Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) favorable a la conservación del monumento, la asociación considera que la nueva resolución del Ejecutivo “retuerce la ley de memoria democrática” con el objetivo de eliminarlo.
“Ha llegado el momento de que todos los partidos políticos dejen de utilizar este elemento patrimonial a favor de sus intereses”, sostienen desde la entidad.
En el recurso, ARCA afirma compartir los principios generales de la ley de memoria democrática, pero denuncia que “se falsee el significado y valía de un monumento” y recalca que existen normas de protección del patrimonio que amparan su permanencia.
Por todo ello, reclama que “se frene el despropósito de intentar sacar votos” y censura que la resolución gubernamental sea “muy centralista y poco respetuosa con la autonomía municipal”.