QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Autoridad Independiente de Protección del Informante comenzará a estar operativa desde el primer día de septiembre, tal y como certifica el Boletín Oficial del Estado. Su objetivo es garantizar la protección de los trabajdores y servir de pilar institucional en la lucha contra la corrupción, actuando con otros organismos administrativos de supervisión, control o investigación cuando fuese necesario.
Se trata de un organismo previsto en la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas. Esta ley perseguía incorporar al ordenamiento jurídico la directiva europea relativa al mismo asunto sobre infracciones del Derecho de la Unión, aprobada en 2019.
Desde la aprobación del Real Decreto con el que se aprobó el Estatuto de la Autoridad, ha sido el Ministerio de la Presidencia quien ha prestado los servicios y el apoyo administrativo necesario para el inicio de su actividad, hasta su puesta en funcionamiento. Sin embargo, se ha considerado necesario extender este apoyo hasta los primeros días de noviembre, de modo que pueda desarrollar su actividad en este periodo inicial con pleno respeto a su independencia. La actividad de la Autoridad se financiará con cargo a los créditos presupuestarios del departamento hasta que cuente con presupuesto propio.
En su momento, el titular del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños, destacó que la creación del organismo ratificaba la apuesta del Gobierno por dotar a España de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupción y en la protección de quienes informan sobre infracciones que afectan al interés general.
Manuel Villoria será el presidente
El catedrático Manuel Villoria tomó posesión en abril como presidente de la Autoridad. De esta forma, se convirtió en el primer presidente del organismo, que el Gobierno incluyó también en el Plan de Acción por la Democracia anunciado por el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2024.
Es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos, y cuenta con una destacada trayectoria en la gestión pública. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y becario Fulbright en Estados Unidos, ha sido Secretario de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y miembro de comisiones clave para la modernización de la Administración del Estado y la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas.
Ha ocupado puestos de relevancia en organismos nacionales e internacionales, como el Comité de Políticas Públicas y Administración de la Asociación Mundial de Ciencia Política. Además, dirige el Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, donde lidera programas de formación de alto nivel para directivos y responsables públicos.
En su intervención ante la Comisión de Justicia del Congreso, Villoria subrayó que su prioridad inicial será garantizar la protección efectiva de los denunciantes y de los responsables de los canales internos, tanto en el sector público como en el privado, así como poner en marcha la potestad sancionadora para prevenir represalias. Reconoció que el desarrollo completo del canal externo requerirá más de un año, debido a la falta de recursos, la complejidad competencial y la necesidad de un sistema informático seguro e interoperable.
Plena independencia con el Gobierno
Bolaños ha recordado en múltiples ocasiones que esta Autoridad tendrá autonomía funcional y deberá actuar siempre con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada. Recibirá las denuncias por medio de un canal seguro, realizará la correspondiente comprobación y, si procede, se remitirá a la Fiscalía, manteniendo en todo momento el anonimato del denunciante. Asimismo, brindará apoyo financiero y psicológico a los informantes.
Según explicó el ministro, entre sus funciones no solo estará la asunción de competencia sancionadora, sino que servirá como órgano consultivo para asesorar al Gobierno.
Principales funciones
Como recoge el Real Decreto por el que se aprobó su Estatuto, la Autoridad recibirá y tramitará las comunicaciones de posibles irregularidades conforme a los procedimientos definidos por la ley. Evaluará si los informantes requieren protección especial para evitar represalias. Cuando se requiera, se abrirán procedimientos sancionadores contra entidades que incumplan la normativa.
Además, se elaborarán guías prácticas para mejorar la prevención de delitos públicos. Se pretende que el organismo coopere con similares a nivel nacional e internacional, promoviendo el intercambio de información. Como adelantó Bolaños, se prevé que participe en la elaboración de proyectos legislativos que afecten a su ámbito de competencias.
Ley reguladora de la protección de las personas informantes
La norma que recogía la creación de la Autoridad se tramitó por el procedimiento de urgencia en el Congreso. Tras incluirse modificaciones durante su paso por el Senado para ajustar el texto a las recomendaciones europeas y reforzar los mecanismos de protección, se aprobó definitivamente en febrero de 2023.
En su momento se convirtió en un hito legislativo al establecer un marco legal más completo que salvaguardase la identidad y los derechos de quienes denuncian delitos, fraudes o irregularidades en el ámbito público y privado. La directiva europea de la que surge obliga a entidades con 50 o más empleados a implementar sistemas internos seguros para canalizar las denuncias. La ley protege no solo a los informantes, sino también a aquellos colaboradores que puedan sufrir represalias por la denuncia.
Las disposiciones establecen sanciones económicas significativas para entidades que incumplan la instauración de los canales de denuncia o que vulneren la protección de los informantes. Estas multas pueden alcanzar hasta 1 millón de euros y contemplan la exclusión de licitaciones públicas.
