La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, la 'popular' Susana Camarero, ha insistido en que las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, “las adjudicó la propia cooperativa” y no la administración autonómica, que, según ha defendido, ha ofrecido “explicaciones desde el primer día”.
Camarero ha realizado estas declaraciones en Benidorm (Alicante), donde este lunes ha acudido para supervisar las obras de construcción de 117 VPP integradas en el Plan Vive impulsado por el Consell.
La titular de Vivienda ha remarcado que desde la Generalitat “vienen explicando desde el primer día cuál ha sido la actuación de la Conselleria” y ha añadido: “Creo que ha sido una actuación absolutamente rápida”.
Según ha relatado, fue el actual ejecutivo valenciano el que, “en cuanto empezaron a salir” informaciones sobre la polémica en torno a Les Naus, abrió “una investigación exhaustiva, a petición del propio secretario autonómico”, y “en 24 horas descubrió” la existencia de un funcionario, “promocionado” por el anterior Consell del Botànic, “que había podido cometer irregularidades o ilegalidades”.
La consellera ha aludido a este funcionario que visó los expedientes de las VPP y que fue objeto de un expediente disciplinario por parte de la Generalitat, con suspensión de empleo y sueldo. Este técnico figura entre los investigados en la causa judicial por presuntas irregularidades en la adjudicación de las viviendas del citado residencial.
En relación con la situación de este trabajador, el 'president' Juanfran Pérez Llorca señaló recientemente que, al existir una “investigación penal se tiene que interrumpir esa causa administrativa” y confirmó su reincorporación al puesto, aunque precisó que “no” asumirá “tareas de visado de las viviendas”.
Camarero ha recalcado que se presentó una denuncia ante la Fiscalía y que la Conselleria “ha estado investigando todo lo que tenía que ver” con la administración autonómica, que “no adjudicó las viviendas”, puesto que “las adjudicó la propia cooperativa”.
“Hemos denunciado” y cambios normativos
La responsable autonómica ha añadido que “tanto la venta del suelo como la promoción de las viviendas, como el precio de las mismas, se hizo bajo los requisitos del Decreto 68/2023”. Ha recordado que “la calificación provisional se hizo bajo ese decreto, es decir, un decreto del Botànic, y, por lo tanto, la única participación de esta etapa de gobierno fue el visado y los requisitos del visado”.
“Nosotros, insisto, hemos investigado, hemos esclarecido y hemos denunciado lo que hemos podido descubrir en esas investigaciones. Creo que se han estado dando explicaciones desde el primer día y no dejaremos de darlas porque no tenemos ningún problema en darlas”, ha subrayado, al tiempo que ha destacado que la Generalitat ha remitido a la jueza “todas aquellas investigaciones y todos los informes que desde la dirección territorial han estado preparando”.
A continuación, ha recordado: “Nosotros lo que hemos incorporado, y lo hicimos en el año 24, mucho antes de todo esto, incorporamos en el Decreto 180 el artículo 44, que establecía que se recuperaba algo que el Botànic, no se sabe muy bien, había abandonado, había olvidado, y es que todas las promociones tienen que tener los principios de igualdad, de concurrencia y de publicidad. Insisto, tres principios básicos que el Botànic había olvidado en el Decreto 68 y que nosotros recuperamos”.
“Por lo tanto, transparencia, control, y la página web es buena muestra de ello”, ha afirmado Camarero, quien ha puntualizado que “el sorteo no queda en manos de la Conselleria, no es la Conselleria la que tiene que decir sí o no al sorteo”. “Nosotros lo que queremos es control y transparencia y así va a ser”, ha concluido.