El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha arremetido contra el anuncio del Ministerio de Política Territorial de presentar una propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general, una iniciativa que calificó de “noticia fake” al subrayar que esas competencias “ya son” del archipiélago desde la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.
Rodríguez explicó este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo autonómico se ha llevado una “enorme sorpresa” al conocer por los medios el anuncio realizado por el ministro Ángel Víctor Torres, sin comunicación previa al gabinete canario.
El responsable regional recalcó que “Los aeródromos, los que no son de interés general, ya son de Canarias desde 2018. Lo que llevamos hablando a lo largo de toda esta legislatura es de que nos transfieran los medios materiales para ejercer esa competencia y que nos dejen participar, tal y como dice el Estatuto de Autonomía, en los aeropuertos de interés general”, insistiendo en que la reivindicación principal pasa por disponer de recursos y capacidad de gestión efectiva.
El consejero recordó que la comunidad autónoma mantuvo recientemente una reunión con representantes del Estado en la que el Gobierno de España se comprometió a remitir determinada documentación técnica y jurídica para avanzar en el desarrollo de estas competencias. “No ha llegado absolutamente nada --dijo-- y han salido ahora con esta 'noticia fake'”, lamentó, reprochando la falta de avances reales.
Rodríguez subrayó, además, que los puertos canarios que no tienen la consideración de interés general ya están bajo gestión autonómica desde hace décadas a través del ente público Puertos Canarios, por lo que cuestionó qué pretende exactamente transferir ahora el Ministerio y qué alcance tendría esa supuesta propuesta.
En este contexto, el consejero concluyó que “Creo que algunos parecen más desesperados en dar noticias que en gestionar las competencias que le corresponden a Canarias en el Estatuto de Autonomía”, poniendo el acento en que el conflicto no reside en el reconocimiento formal de las competencias, sino en la ausencia de medios materiales y en la falta de cumplimiento de lo ya recogido en la norma estatutaria.