Junts ha anticipado el “bloqueo de la legislatura”. Su portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha comunicado que registrarán enmiendas de totalidad a 25 leyes y no votarán a favor de ninguna de las otras 21 que ya han superado dicho trámite y se encuentran en fase más avanzada. Sin embargo, habrá salvedades. En concreto, cinco.
La formación liderada por Carles Puigdemont ha enumerado un listado de iniciativas a las que sí prestará su apoyo expreso para facilitar su avance hacia el BOE:
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
- Proyecto de Ley de Atención al Cliente.
- Proyecto de Ley del Cine.
- Proyecto de Ley de Economía Social
- Real Decreto-Ley ELA
Desde Junts esgrimen que estas normativas ya estaban acordadas y han logrado integrar algunas de sus prioridades. ¿Cuáles son y en qué punto están?
Movilidad Sostenible, desde el Senado y con amor
El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible recibió el visto bueno del Senado este miércoles. El texto regresa al Congreso con hasta 86 enmiendas introducidas por la mayoría absoluta de un PP que pactó decenas de modificaciones con los socios habituales del Gobierno, Junts, ERC, EH Bildu y PNV.
En el caso de la formación liderada por Carles Puigdemont, lograron integrar 16 enmiendas. En primer lugar, la creación de un Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. En caso de que el Congreso la mantenga, el Ejecutivo deberá aprobar en un plazo de seis meses un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones).
El PP también ha aceptado la supresión de la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central; así como un paquete de enmiendas para proteger las competencias autonómicas.
De igual forma, se han añadido al texto dos relacionadas con el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), en concreto, para que esta centralización permita que los datos que afecten a territorios autonómicos sean gestionados de forma compartida por las CCAA y el EDIM; y que las CCAA participen en la planificación de las infraestructuras de transporte de competencia estatal.
La cuestión ahora es ver cuáles de ellas reciben el aval del Pleno del Congreso y perduran en el texto que será publicado en el BOE.
Atención al Cliente: en catalán, por favor
El próximo jueves el Pleno del Congreso votará el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Sociales y Consumo sobre el Proyecto de Ley de Atención a la Clientela. Esta iniciativa no se verá afectada por la ruptura de Junts, que ya ha explicitado su respaldo.
En este caso, lograron integrar un paquete de enmiendas para obligar a las compañías de servicios básicos de interés general y cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones a atender en lenguas cooficiales en las regiones que las tuvieran.
Los sectores afectados, independientemente de su volumen de trabajadores y facturación, serían:
- Compañías eléctricas.
- Compañías de suministro de gas.
- Compañías de suministro de agua.
- Compañías telefónicas.
- Compañías aeronáuticas.
- Compañías ferroviarias.
- Compañías de transporte por autobús.
- Servicios postales.
- Servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas).
- Entidades bancarias y servicios financieros.
- Empresas de seguros.
- Empresas que presten servicios públicos.
Todas estas compañías, así como las grandes empresas, deberán formar obligatoriamente a sus trabajadores para que respondan en la lengua con la que el cliente se haya dirigido a ellos, tanto en las comunicaciones escritas como en las verbales.
Además, formaron parte del acuerdo para eximir de parte de la normativa a las empresas comercializadoras de luz, gas y servicios telefónicos que no alcancen una cuota de mercado del 5%. En concreto, se les libra de disponer de un call center 24 horas, de bloquear llamadas comerciales y no poder hacer ofertas.
Ley del Cine: el regreso
El Proyecto de Ley del Cine pretende actualizar la normativa del sector a los avances tecnológicos de los últimos años. Actualmente, se encuentra bloqueado al calor de sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. El Ejecutivo quiere, primero, despachar el Proyecto de Ley de creación de la Oficina de Derechos de Autor, cuya ponencia comenzó los trabajos la semana pasada.
La propuesta del Gobierno es sugerente para Junts por varios motivos, como por ejemplo la flexibilización de los requisitos para la obtención de la nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales (que en algunos casos obstaculizaban la creación), diversas ayudas a productoras y distribuidoras independientes y a proyectos cuya versión original sea de alguna de las lenguas oficiales españolas o del lenguaje de signos español.
Impulso a la Economía Social: mucho que hablar
El Proyecto de la Ley Integral de impulso de la Economía Social vio su ponencia recientemente constituida. Modifica y revisa la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social; todo con el objetivo de adaptarlas y dotarlas de mayor claridad y seguridad jurídica, con nuevas definiciones de estas entidades y de los colectivos que integran la economía social.
Entre otras cosas, la iniciativa regula las tipologías y el catálogo de empresas que integran el denominado sector de Economía Social, es decir, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales, entre otros.
Se pretende eliminar obstáculos para agilizar el ejercicio de su actividad y mejorar la funcionalidad. Y Junts se juega mucho. En concreto, una treintena de enmiendas registradas que espera incorporar al texto.
ELA, no podía faltar
El Real Decreto-Ley que aterriza la Ley ELA fue aprobado el pasado 21 de octubre en Consejo de Ministros y aún está pendiente de ser convalidado en el Pleno. Junts votará a favor, pues es uno de los grupos que, desde el principio, ha impulsado su aprobación. La formación catalana esperaba que llegase al Pleno de la próxima semana, pero de momento, no figura en el orden del día al que ha tenido acceso Demócrata.