QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han expresado su descontento con la forma en que el Gobierno ha manejado la creación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, señalando la “unilateralidad” y el “autoritarismo” en el proceso. Simultáneamente, han acusado a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de mostrar una “falta de lealtad” durante la negociación de este plan.
Estas afirmaciones fueron hechas por Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de Castilla y León, quien habló en nombre de las CCAA del PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Estos representantes se reunieron en Madrid con Rodríguez en la conferencia sectorial para discutir la propuesta del Ministerio.
Antes de este encuentro, un comunicado emitido por estas regiones criticaba el requerimiento del Gobierno de que las autonomías financien el 40% del plan, argumentando que esto viola el principio de igualdad entre los españoles y las CCAA. Adicionalmente, el PP destacó que el diseño del plan “obliga a aplicar políticas sobre las que los expertos han advertido de sus nefastas consecuencias, como la inversión en el mercado, las zonas de mercado tensionadas y la generalización de subvenciones que acarrean una subida generalizada de los precios”.
Suárez-Quiñones remarcó que el plan debería fundamentarse en la “lealtad institucional” y criticó al Ministerio por no adoptar esta actitud, acusándolo de actuar con “unilateralidad y desde luego el autoritarismo”. Además, subrayó que las CCAA deben ser las “protagonistas principales” en la formulación y ejecución del plan, en lugar de ser tratadas como “meros interesados”. Asimismo, el consejero demandó un “reparto competencial” en la elaboración y ejecución del plan, destacando el incremento de inversión de las CCAA en este nuevo proyecto.
El plan de vivienda contempla una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando la cifra del plan anterior. El Estado cubrirá el 60% de la inversión, mientras que las CCAA gestionarán el 40% restante. Además, se incluyen compromisos como la protección permanente del parque público de vivienda y la creación de un sistema de datos públicos para mejorar la transparencia a través de las autonomías.
