QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Mesa del Congreso ha cerrado el plazo de enmiendas, que concluye este miércoles, 5 de noviembre, a la Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para regular la relación entre lobbies y diputados. La iniciativa del Grupo Socialista fue presentada el pasado mes de mayo y la intención es que esté aprobada antes que acabe el año, según confirman fuentes de la Cámara Baja a Demócrata.
Además de ahondar en la actividad de los grupos de interés y su relación con los diputados y grupos parlamentarios, la propuesta de reforma plantea una huella legislativa que obligaría a sus señorías a desvelar las propuestas que puedan recibir, así como su sentido de voto en cada fase de la tramitación parlamentaria, incluidas comisiones y ponencias. Su impulso se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia elaborado por el Gobierno, más concretamente, en el eje que pretende reforzar el Poder Legislativo.
De dónde viene
La iniciativa fue tomada en consideración en junio pese a los «noes» de PP, Vox y UPN. Por contra, todo el bloque de investidura dio su respaldo a la norma registrada por el Grupo Socialista.
El plazo de enmiendas se cierra ahora tras nueve prórrogas, debate de totalidad de por medio a instancias de Vox. La formación que lidera Santiago Abascal, registró una enmienda a la totalidad de texto alternativo que se votó y debatió el pasado 16 de octubre.
La propuesta fue defendida desde la tribuna por Ignacio Gil Lázaro, que aseguró que con su reforma «el trabajo de la Cámara ganaría en cohesión y supondría un gran ahorro en el presupuesto».
La propuesta de Vox proponía establecer el español como única lengua en el parlamento, exigir la publicidad de los informes de los letrados y reducir el número de comisiones parlamentarias a doce. La iniciativa fue rechazada ya que solo logró los votos a favor de sus propios parlamentarios y la abstención del Grupo Popular.
Una vez cerrado el trámite de enmiendas, el siguiente paso en la tramitación es la constitución de una ponencia en el seno de la Comisión del Reglamento del Congreso que estudie todas las enmiendas admitidas a trámite y elabore el pertinente dictamen que será elevado al Pleno.
La propuesta detallada
En lo que a los lobbies respecta, tendrán la obligación de inscribirse en el Registro de grupos de interés, que dependerá de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, bajo la dependencia de la Secretaría General del Congreso; si bien quedan excluidos partidos, sindicatos y organizaciones empresariales, entre otros.
Los grupos de interés y sus representantes podrán entablar interlocución tanto de manera presencial como telemática con miembros o empleados públicos del Congreso o de los Grupos con la intención de ejercer actividad de influencia, siempre y cuando los diputados y grupos comuniquen el objeto y contenido de la misma.
Se hará público en un espacio habilitado en la página web de la Cámara, difundiendo tanto la identidad de las personas como la fecha y las materias que se han abordado. Además, la propuesta de los socialistas dibuja un modelo de tres niveles de infracciones, cada una con sus sanciones correspondientes.
Entre las novedades que plantea la reforma está la mejora de la huella legislativa. En este sentido, los servicios de la Cámara elaborarán un informe de cada iniciativa legislativa en el que quedarán reflejadas todas las modificaciones que se hayan producido a lo largo del procedimiento.
Los diputados y diputadas deberán comunicar las propuestas que hayan recibido de los grupos de interés, entregando incluso la documentación pertinente. También deberán comunicar si alguna iniciativa tiene su origen en la actividad de influencia. Así, por ejemplo, si una enmienda o transaccional tiene su génesis en un grupo de interés, se ha de publicar.
Asimismo, el informe de huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido de voto de cada uno de los miembros de la Cámara que hubieran participado.
La norma también incluye nuevas obligaciones de transparencia en relación a los grupos de interés y, además, se considerará infracción la falsedad en las declaraciones de bienes y actividades y la no presentación de las mismas.
