QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 346 votos emitidos, 171 votos a favor y 175 votos en contra, la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familia no ha superado su toma en consideración. Los votos a favor de PP y Vox no han sido suficientes para que la medida supere este primer trámite parlamentario.
Se da la circunstancia de que hace apenas unas semanas, una iniciativa de idéntico contenido sí prosperó en el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta. En el Congreso, la propuesta rechazada también era una vieja conocida, ya que el Grupo Popular la registró en octubre de 2024. Sin embargo, el Gobierno manifestó su disconformidad alegando que impactaba en los Presupuestos Generales y el texto decayó.
En junio de este año, el PP volvió a registrarla y en esta ocasión, el Ejecutivo no manifestó disconformidad alguna, por lo que ha podido llegar a Pleno y ser debatida.
Para su defensa ha tomado la palabra la diputada popular Carmen Navarro que ha asegurado que las renuncias a las que tienen que hacer frente las mujeres en su día a día «es un problema estructural que tenemos que afrontar cuanto antes». Navarro ha definido su proposición como «profundamente social, realista y valiente» y ha añadido que «la conciliación debe ser la base de las políticas sociales del futuro».
Por su parte, el diputado socialista Lázaro Azorín ha asegurado que las políticas que el PP enmarca en «la libertad» en realidad constituyen «retrocesos». Para el Grupo Socialista, la medida llega tarde y además echan en cara al principal partido de la oposición que hablen de «corresponsabilidad y conciliación, los mismos que no reconocen el derecho al aborto». «Ahora vienen de feministas», ha afirmado Azorín con ironía dirigiéndose a la bancada popular entre aplausos de su partido.
El contenido de la iniciativa
La propuesta del PP pretendía no solo transponer la directiva europea relativa al permiso parental retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años; sino sentar los mimbres de nuevas políticas como articular un Banco de horas, incrementar la flexibilidad laboral, ampliar los permisos, incorporar la Educación gratuita de cero a tres años y medidas específicas para familias en situaciones especiales.
En concreto, los populares proponían que las empresas promovieran la implementación de horarios laborales flexibles que permitieran a los empleados organizar el inicio y el final de su jornada, siempre respetando una franja de presencia obligatoria y las necesidades productivas. Esta medida contemplaba opciones como el teletrabajo, la elección de horario y la distribución flexible del tiempo, siempre que la naturaleza del puesto lo permitiera.
Además, el PP planteaba un Banco de horas que permita gestionar horas extra, permisos remunerados, ampliaciones de vacaciones o reducciones temporales de jornada sin afectar proporcionalmente la retribución. Ambas herramientas serían voluntarias y, en empresas de más de 50 empleados, se exigiría un responsable en Recursos Humanos que supervise su correcta aplicación y el respeto a los derechos de conciliación
En materia de permisos, el PP buscaba fomentar la corresponsabilidad entre progenitores incentivando el uso consecutivo de los permisos por nacimiento y eliminando la obligatoriedad de las seis semanas inmediatamente posteriores al parto, de modo que los progenitores puedan decidir libremente cuándo disfrutarlas. La propuesta incluía ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas, de forma progresiva, y a 26 semanas en el caso de familias monoparentales.
Las familias monoparentales, numerosas, de acogida y con personas con discapacidad recibirían beneficios fiscales, bonificaciones en la Seguridad Social y ayudas específicas, mientras que las familias rurales tendrían apoyos para movilidad y contratación de cuidadores, y las familias vulnerables prioridad en el acceso a servicios sociales.
Por otro lado, la propuesta popular contemplaba medidas para incentivar la conciliación en el ámbito empresarial, valorando positivamente a las empresas que la promuevan dentro de los procesos de contratación pública. Asimismo, se preveía ofrecer asesoramiento a compañías, otorgando incentivos fiscales a aquellas que reincorporen a trabajadores tras excedencias por cuidado familiar y aplicando bonificaciones a los contratos de sustitución durante bajas de maternidad y paternidad. Con ello se pretende favorecer tanto la corresponsabilidad como la estabilidad laboral.
En el ámbito institucional, la proposición de ley obligaba a las Administraciones Públicas a desarrollar campañas de sensibilización y formación en corresponsabilidad, así como a incluir estos valores en los programas educativos. También se proponía la creación del Portal de la Conciliación, una plataforma digital del Ministerio correspondiente que centralice la información y los trámites sobre ayudas y recursos. Además, se instaba al Gobierno a elaborar, en un plazo de seis meses, un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad financiado con los Presupuestos Generales del Estado, que contemplase el uso de instalaciones educativas y deportivas como espacios de apoyo en días no lectivos.
Por último, la propuesta incluía la implantación de la educación infantil gratuita de cero a tres años, cofinanciada al 50% entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y una reforma del IRPF junto con la revisión de bonificaciones fiscales en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de la ley.
