El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado, entre otros acuerdos, el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, el Real Decreto de universidades privadas y un Proyecto de ley en materia de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la UE. El Gobierno, además, ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Javier Lambán Montañés y a Guillermo Fernández Vara.
El Anteproyecto de Ley de Administración Abierta pretende consolidar los avances registrados y dar respuesta a demandas sociales de mayor transparencia, de garantía de la integridad pública y de fomento de la participación ciudadana en las decisiones públicas. En este sentido, consolida los avances de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y realiza adaptaciones para asegurar el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa de Acceso a los Documentos Públicos.
Como novedad más significativa en este ámbito, se reconoce el derecho de acceso a la información pública a partir de los 14 años. Además, en materia de integridad pública, se regula la conducta de altos cargos, personal eventual con funciones de especial confianza y asesoramiento y del personal empleado público.
Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones del GRECO, se incluyen previsiones relativas a la prevención de los conflictos de intereses del personal eventual y personal directivo público. También, se regula la participación ciudadana en los asuntos públicos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la rendición de cuentas. En materia organizativa, se contemplan los órganos de cooperación territorial y de participación de la sociedad civil en las políticas de gobierno abierto. La propuesta del Gobierno pasa por establecer un régimen sancionador en materia de transparencia y habilita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a imponer multas coercitivas.
En su reunión de hoy, el Gobierno también ha dado luz verde al Proyecto de Ley de modificación de las Leyes 39 y 40 de 2015 en materia de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la UE para garantizar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La regulación actual responde a un criterio sistemático por el que el legislador diferenció entre cuestiones de carácter procedimental o adjetivo (reguladas en la Ley 39/2015) y de orden material o sustantivo (previstas en la Ley 40/2015).
La norma consta de dos artículos:
- El primero, para regular la prescripción para reclamar en el supuesto de infracción del derecho de la UE, estableciendo un plazo de un año, vinculado exclusivamente a la publicación de la sentencia del TJUE.
- El segundo, para eliminar en la Ley 40/2015 las referencias a la regulación de la responsabilidad por infracción del derecho de la UE e incluir una modificación para garantizar el deber de reparación efectiva del daño en atención a la diligencia de los solicitantes.
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a diversos reales decretos:
A propuesta del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Real Decreto (RD) por el que se modifica el RD de creación, reconocimiento y autorización de universidades. Según el Ejecutivo, tiene por objetivo garantizar la calidad global del sistema universitario español a partir de la garantía de cada proyecto universitario, elevando los estándares de calidad exigibles.
Además de la docencia y la investigación, la reforma incide en otros ámbitos como son el equipamiento y las instalaciones, la experiencia en gestión universitaria de los promotores, la sostenibilidad económica o la presencia y potencia de los sistemas internos de garantía de la calidad.
De su contenido cabe destacar, entre otras cosas:
- La creación de una universidad pública o el reconocimiento de una universidad privada requerirá de un proyecto global de formación y de investigación basado en la docencia de calidad y la excelencia de la investigación.
- Se regula la verificación de titulaciones universitarias durante los primeros cinco años de la actividad académica de una nueva universidad, cuando tales titulaciones no sean las que se incluyeron en la memoria de creación.
- Se establece que será necesario un nuevo informe favorable de la Conferencia General de Política Universitaria si se modifica algún aspecto sustancial de la memoria de creación.
- Se prevé que, los títulos deben incorporar en lugar visible si la modalidad de impartición ha sido presencial, semipresencial o virtual.
A propuesta del Ministerio de Sanidad, un RD sobre las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales de cannabis. Esta norma define las condiciones de prescripción, elaboración, dispensación y uso de fórmulas magistrales de cannabis y establece un registro para los preparados estandarizados de cannabis para garantizar su calidad.
En su elaboración se han tenido en cuenta las normas de otros países de la UE (Francia, Países Bajos, Croacia, Italia o Alemania) y de terceros países (Suiza o Reino Unido).
Del contenido del RD cabe destacar lo siguiente:
- Deja fuera del ámbito de aplicación los medicamentos autorizados de fabricación industrial y los medicamentos en investigación en base al cannabis.
- Define el preparado estandarizado de cannabis y la fórmula magistral tipificada.
- Recoge las condiciones de fiscalización del cannabis como sustancia estupefaciente.
- Establece obligaciones para los laboratorios farmacéuticos fabricantes de los preparados de cannabis.
- Regula el destino de los preparados estandarizados de cannabis, que será únicamente a los servicios de farmacia hospitalaria legalmente establecidos o bien para exportación.
- Regula la prescripción, limitándola a médicos especialistas y a determinados casos.
- Regula la dispensación por los servicios de farmacia hospitalaria a pacientes ingresados y a pacientes externos.
A propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, llegaba al Consejo de Ministros para su aprobación un RD regulador del Consejo Superior de Cooperación Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Se establece la regulación del Consejo Superior con el propósito de «dar un nuevo impulso a la coordinación y consulta con la pluralidad de actores y visiones que es, sin duda, una de las fortalezas de la cooperación española».
Con la aplicación de la norma se pretende que este órgano desarrolle las funciones establecidas en la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, entre las que se encuentran:
- Establecer directrices y fijar criterios que faciliten la coordinación, coherencia y complementariedad de las actividades que realicen los ministerios y organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE.
- Conocer e informar la propuesta de Plan Director de la Cooperación Española.
- Informar los anteproyectos de ley y cualesquiera disposiciones de la AGE que regulen materias concernientes a la cooperación para el desarrollo sostenible.
- Generar los documentos y análisis sobre la cooperación para el desarrollo sostenible que la presidencia del Consejo considere de utilidad.
Estará adscrito al ministerio del ramo a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y presidido por el Ministro, debiendo constituirse en 60 días hábiles tras la entrada en vigor del RD.
Por último, el Gobierno ha concedido vía RD a título póstumo la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III a Javier Lambán Montañés, expresidente de Aragón, y a Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Extremadura, fallecido el pasado domingo.
El Consejo de Ministros también aprobó varios acuerdos este martes:
En primer lugar, el IV Plan de igualdad de género en la Administración General del Estado (AGE) y en los organismos públicos vinculados o dependientes. Una medida prevista en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla su aprobación al inicio de cada legislatura. En cumplimiento de la norma, se han aprobado 3 planes, el último el 7 de diciembre de 2020.
En esta ocasión, el IV Plan hace especial énfasis en la brecha salarial, impulsando una auditoría de salarios, así como en la responsabilidad y medidas de conciliación. Incluye 20 objetivos con 45 medidas a desarrollar distribuidas en 6 ejes:
- Eje 1: “Medidas instrumentales para la transformación organizacional”
- Eje 2: “Sensibilización, Formación y Capacitación”
- Eje 3: “Condiciones de trabajo y desarrollo personal»
- Eje 4: “Corresponsabilidad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar”
- Eje 5: “Violencia contra las mujeres”
- Eje 6: “Conocimiento de la Igualdad en la AGE”
En segundo lugar, se autoriza la propuesta de criterios para la distribución de los créditos destinados al Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas, que ahora será sometido a la Conferencia General de Política Universitaria.
El Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador está destinado a cubrir las necesidades de nuevo profesorado (3.361 plazas) por la implementación de las nuevas dedicaciones del personal docente e investigador previstas en la LO 2/2023, del Sistema Universitario.
Los criterios de distribución son los siguientes: las necesidades de contratación de profesorado ayudante doctor derivadas del cambio en la dedicación del profesorado asociado y las necesidades de contratación de profesorado ayudante doctor derivadas del cambio en la dedicación de esta misma categoría de profesorado.
Las CCAA gestionarán los fondos y crearán y proveerán las plazas que les corresponda de acuerdo con la distribución determinada por el Ministerio. El coste total es de 66 millones de euros. Como resultado de la aplicación de los criterios Madrid recibirá 12 millones, Andalucía seis millones y Canarias un millón y medio.
Por último, en lo que a acuerdos se refiere, se ha dado el visto bueno a la declaración institucional de reconocimiento a la UME por su XX aniversario. Un texto en el que el Gobierno expresará su reconocimiento y gratitud a quienes han formado parte de la UME, ya que desde su constitución «se ha consolidado como referente en la respuesta ante emergencias, reforzando la confianza y el orgullo de la sociedad española en sus Fuerzas Armadas».
El Gobierno también ha dado luz verde a un informe sobre el aborto.