A mediados del pasado mes de abril el Gobierno de España agitó el sector de las universidades privadas con el anuncio de un Real Decreto que endurecería el proceso de reconocimiento y autorización de los centros privados con el objetivo de garantizar la calidad de la enseñanza. El primer borrador del proyecto imponía una serie de exigencias, como un suelo mínimo de 4.500 matriculados, pero se ha descafeinado. La última versión que ya ha llegado al Consejo de Estado, a la que ha tenido acceso Demócrata, da más tiempo para que puedan cumplir con los requisitos y se rebajan algunos porcentajes; aunque a cambio, se demanda más proyección y previsión investigadora.
Una de las condiciones iniciales, y de las que más polémica despertó en el sector, es la de contar con una base mínima de estudiantes. Se fijó en 4.500 y se mantiene, pero ahora, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dará a los centros seis años para alcanzar dicha cifra, en lugar de cinco.
En un principio, estaba estipulado que si a los cinco años desde el inicio de las actividades académicas el centro no hubiera alcanzado el 80% del objetivo de estudiantes matriculados, se revocaría la autorización. En la nueva versión del proyecto de Real Decreto, se rebaja al 70% y las universidades dispondrán de tres meses para elaborar y presentar un plan de desarrollo con medidas correctoras y dispondrán de tres años como máximo para resolver la situación.
Este procedimiento se mantendrá para cualquier condición que se exija a las universidades privadas y éstas incumplan. Dispondrán de tres meses para elaborar un plan con una batería de medidas para regularizar la situación. El primer borrador únicamente les daba uno.
