El lunes 23 de febrero de 1981 el hemiciclo del Congreso registraba una afluencia mayor a lo habitual. Aquella no era una sesión más, sino que iba a tener lugar la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.
48h antes, el sustituto del dimitido Adolfo Suárez no había alcanzado la mayoría absoluta exigida en primer vuelta y la votación había quedado emplazada. Para entonces las cuentas sí salían: a los votos de los diputados de la UCD, Calvo-Sotelo iba a sumar la abstención de Alianza Popular. Pero la entrada del teniente coronel Antonio Tejero acompañado de un grupo de guardia civiles pistola en mano lo impidió.
A las 18:20 de la tarde quedaron retenidos en la Carrera de San Jerónimo cientos de personas. Entre ellas, los diputados, el Gobierno saliente y un grupo de senadores, con su presidente Cecilio Valverde (UCD) a la cabeza, que como es habitual en una sesión de estas características había acudido en representación de la otra Cámara.
Todo el poder ejecutivo y gran parte del legislativo quedaron sometidos durante las siguientes 17 horas con el con el consecuente e incierto vacío de poder.
1900 metros
La tediosa votación nominal se estaba retransmitiendo por la radio y ese fue el único medio a través del cual se pudo ser testigo directo del sonido de las balas. El estruendo puso en alerta a toda aquel que estaba siguiendo la sesión. En especial, a Emilio Casals, senador de la UCD por la provincia de Tarragona y secretario segundo de la Mesa del Senado, y a Amalia Miranzo, senadora socialista por Cuenca y secretaria tercera. Tras conocer la ocupación por la fuerza del Palacio del Congreso, ambos se trasladaron rápidamente a las inmediaciones de la Cámara Alta.
Casi dos kilómetros, esa es la distancia entre la Carrera de San Jerónimo y la Plaza de la Marina. 1900 metros eran los que separaban a los únicos representantes de la soberanía popular libres del epicentro golpista.
Una vez allí, Casals y Miranzo, se pusieron en contacto telefónico con el vicepresidente segundo, Ramón Rubial (PSOE) y con el secretario cuarto, Joaquín Martínez Bjorkman (PSOE), que se hallaban en Bilbao y en Córdoba, respectivamente y que pusieron rumbo a Madrid de inmediato.
«A partir de las diez horas»
Junto al Presidente del Senado, también se encontraban secuestrados en el Congreso el vicepresidente primero, Juan Carlos Guerra Zunzunegui (UCD) y el secretario primero, José Luis López Henares (UCD). En decir, de los siete miembros de la Mesa, tres estaban retenidos, dos se habían lanzado a la carretera para intentar llegar a la capital lo antes posible y solo dos estaban en condiciones de actuar.
Constituidos en órgano rector de la Cámara, la primera decisión que tomaron Casals y Miranzo fue hacer llegar a la Zarzuela la certeza de que el Senado iba a quedar «a disposición del Jefe del Estado para cuanto hubiese que actuar en defensa de la Constitución y de la normalidad democrática».
Entrada ya la madrugada, sin novedades sobre lo que estaba ocurriendo en el hemiciclo del Palacio del Congreso y sabedores de los sucesos en Valencia, donde el capitán general Jaime Milans del Bosch había sacado los tanques a la calle, la Mesa del Senado da un paso más: convoca al Pleno.
Aún sin conocer en qué condiciones amanecería el país, se difundió el siguiente telegrama que también fue emitido en la radio y la televisión, y recogido en la prensa:
«Pleno Senado reuniráse a partir diez horas de hoy martes 24 de febrero para ejercer funciones que le corresponden como Cámara representativa»
La idea era que se constituyese en sesión permanente, como «única Cámara de las Cortes Generales que en aquellos momentos se encontraba libre, y estar en condiciones de asumir las responsabilidades que correspondieran».
La tercera decisión que adoptó la Mesa fue emitir un comunicado en el que el Senado se reafirmaba como representante de la soberanía popular y confirmaba que durante esas «circunstancias excepcionales» respaldaría «cuantas acciones sean llevadas por a cabo por las instituciones».
Un Estado paralelo
Si la reducida Mesa del Senado actuó como valedor del poder legislativo durante el 23F, con el Gobierno también secuestrado, el ejecutivo quedó en manos de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado (CGSEYS). Constituida en la sede del Ministerio del Interior y bajo el mando de Francisco Laina (entonces director de Seguridad del Estado con rango de secretario de Estado), asumió las funciones de Gobierno y la alta dirección de la Administración, dando lugar a un «Gobierno provisional».
La Junta Civil, el Tribunal Constitucional a través de su presidente, Manuel García-Pelayo, y la Mesa del Senado, estuvieron en contacto toda la noche pendientes del desarrollo de los acontecimientos en la Carrera de San Jerónimo y de las palabras que Juan Carlos I había pronunciado en TVE.
Amanece, que no es poco
El 24 de febrero la Plaza de la Marina amaneció con un numeroso grupo de senadores congregados a su alrededor, que procedentes de toda España habían acudido en respuesta a la convocatoria de la Mesa. Al poco tiempo, el Senado quedó constituido en sesión permanente para afrontar como Cámara representativa los hechos que se estaban produciendo.
A la espera del desenlace, la Cámara Alta acordó por unanimidad una nueva declaración en la que reafirmaba su compromiso con los principios democráticos, su adhesión a la Corona y su respaldo a la Junta Civil.
También, agradecía «la actitud de serenidad y responsabilidad observada por las fuerzas políticas, sociales y sindicales» y expresaba su solidaridad con los parlamentarios que permanecían secuestrados.
Cerca de las 12 de la mañana, los miembros del Gobierno, los diputados, los senadores y demás personal de la Cámara que habían permanecidos retenidos las últimas 17 horas abandonaron el Congreso.
Ya fuera de peligro, el Presidente del Senado, Cecilio Valverde, en compañía del resto de senadores que habían sido liberados se trasladaron al Senado donde se reunieron con el resto de sus compañeros. Entonces sí, se levanto la sesión y se convocó a la Mesa y a la Junta de Portavoces para el 25 de febrero, día en el que también se retomaría el debate de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.
Una semana después el Congreso a través de su presidente Landelino Lavilla (UCD) agradeció y felicitó «por su comportamiento ejemplar» a los senadores que estuvieron presentes en la intentona golpista y al Senado «por haber sabido velar en esos momentos tan difíciles por el mantenimiento de la Institución Parlamentaria«.
Se abre la sesión
Dos semanas después de que Tejero paralizara el país, el 3 de marzo, se celebró la primera sesión en el Senado ya con Calvo-Sotelo en la Moncloa. Un pleno cargado de emoción, en el que se recordó la actuación que había adoptado la Cámara, con los miembros de la Mesa Casals y Miranzo a la cabeza, y se dio lectura a los múltiples comunicados emitidos aquella madrugada.
Antes de retomar la actividad parlamentaria que preveía el orden del día con el debate del dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Ubanismo, Transportes y Comunicaciones, sobre el proyecto de ley de creación del Parque Nacional de Garajonay (Isla de la Gomera), fueron varios los portavoces que tomaron la palabra para hablar de los sucesos del 23F.
En nombre del Grupo Centrista intervino Francisco Villodres que recordó como el Senado había tenido que reunirse de urgencia para «mantener institucionalmente encendida la antorcha de la libertad«. En un juicio compartido por varios de los portavoces, aseguró que durante la intentona golpista la Cámara Alta se erigió como «el símbolo de la soberanía popular a la que representa».