El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero (PP), ha reiterado ante la prensa que “en todo momento” ha actuado conforme a la normativa y de forma “escrupulosa”, rechazando que haya adquirido o figure como adjudicatario de una vivienda pública.
El regidor ha ofrecido una comparecencia para “contar la verdad y desmentir las falsedades publicadas” por un medio digital, al que responsabiliza de difundir informaciones que considera inexactas.
Según ha denunciado, se está utilizando de manera interesada la figura de la vivienda de precio limitado “para crear indignación” y sugerir que se habría beneficiado de un bien público. “Eso es absolutamente falso”, ha recalcado Triguero, que sostiene que no ha obtenido ninguna ventaja irregular.
El dirigente popular ha explicado que en diciembre de 2024 compraron un local comercial a precio de mercado en el mismo residencial en el que ya residía con su familia, inmueble que posteriormente fue transformado en vivienda a precio limitado. “Y os puedo garantizar que he seguido toda la tramitación orientado por técnicos y servicios jurídicos”, ha indicado, subrayando que hasta la fecha no se le ha notificado ninguna anomalía en el procedimiento.
En su intervención ha lamentado que “esto trata de quebrantar mi honor, mi honestidad y el de mi familia” y ha reconocido que era consciente de que la operación de compra del local y su cambio de uso “algún día” saldría a la luz pública.
Triguero ha cargado también contra la forma de actuar del medio que difundió la información, al considerar que “el periodismo no debería ir sobre los 'clicks' que uno pueda ganar y sobre visualizaciones. Todo tiene unos límites y considero que aquí se han sobrepasado”.
El alcalde ha avanzado que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para salvaguardar su honor y el de sus allegados. Asimismo, ha explicado que, una vez concluya la tramitación administrativa, la vivienda resultante se ofrecerá en régimen de alquiler a precio limitado.
Desde el Consistorio han precisado, además, que si el local se vende o se arrienda, el importe máximo estará regulado por ley y no podrá superar el tope establecido. Por ello, sostienen que “no hay ningún beneficio ni ningún aprovechamiento de recursos públicos en la operación más allá de tener una vivienda, en este caso para alquilarla”, según han remarcado.