QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Con 295 votos a favor, 40 en contra y 11 abstenciones de los 346 emitidos, la Proposición de Ley Orgánica de modificación de Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones ha superado su toma en consideración. Presentada por el Grupo Popular, ha logrado también la adhesión de los diputados de PSOE, Vox, PNV, UPN y CC.
Sobre esta materia hay en tramitación en el Congreso una iniciativa del PSOE, que fue aprobada en verano y ahora está pendiente de informe en la comisión de Interior, y una previa, procedente del Senado y registrada por los de Feijóo, que sigue en fase de enmiendas.
Cuatro ejes
La propuesta del PP presentada el pasado mes de marzo tiene como objetivo la modificación de un único artículo, el 80, con las siguientes premisas:
- Reconocimiento legal de la condición de agente de la autoridad
- Identificación de los procedimientos administrativos y judiciales consecuencia de su actividad profesional con el número de profesional para preservar el anonimato de sus datos personales
- Valor probatorio de sus informes
- Separación del resto de los detenidos en los procedimientos penales seguidos contra funcionarios penitenciarios
Con celeridad y urgencia
La iniciativa ha sido defendida en el Pleno por la diputada del PP María de los Llanos de Luna, quien ha asegurado que con esta medida pretenden «reforzar unos de pilares básicos del sistema penitenciario».
En su intervención, de Luna ha señalado que aunque en los protocolo de actuación frente a las agresiones en centros penitenciarios y de inserción ya se reconoce el estatus de «agente de autoridad» para los funcionarios de prisiones, no hay ningún texto con rango de ley que codifique esta condición.
La diputada no solo ha pedido el voto favorable «sino que se apruebe con la celeridad y urgencia que requiere». Además, ha acusado a la Mesa del Congreso de tener «congelada» la proposición de idéntico contenido que promovieron en el Senado (con los votos de PSOE, Vox, PNV y Junts), y que ahora acumula 18 ampliaciones de enmiendas en la Cámara Baja.
En este sentido, el diputado del PNV Mikel Legarda ha manifestado su temor de que la iniciativa corra «la misma suerte que las pasadas legislaturas y se quede en nada». También, ha advertido que considera insuficientes las medidas del PP, emplazando el debate a la fase de enmiendas.
Por su parte, Javier Ortega Smith (Vox) ha defendido que el Estado recupere la competencia exclusiva penitenciaria y ha recordado que en el Senado su grupo parlamentario presentó una propuesta de Estatuto orgánico para los funcionarios de prisiones.
«Marcianada parlamentaria»
Durante el debate el Partido Popular ha recibido críticas tanto por la forma como por el fondo. Respecto a la forma, esta iniciativa llega al Pleno cuando en el Congreso ya hay otras dos iniciativas en tramitación al respecto. La procedente del Senado ya citada y la del PSOE, también con un contenido muy similar a la debatida esta semana , que fue tomada en consideración el pasado verano. Esta proposición, que contó con los votos favorables de los populares, se encuentra en estos momentos a la espera del informe de la Comisión de Interior.
Enrique Santiago (Sumar) ha calificado al situación como «una burla al Parlamento«. «No entendemos la intención del PP de duplicar el debate» ha sentenciado. Santiago ha argumentado el voto en contra de su formación esgrimiendo que la proposición socialista era más extensa y detallada al incluir el resarcimiento por la administración de los daños materiales o personales que puedan sufrir en la prestación del servicio. «Se han metido enmiendas a la proposición del PSOE que no se incluyen en esta proposición», ha asegurado dirigiéndose a la bancada Popular.
En esta línea también se ha pronunciado el diputado socialista Juan Carlos Antequera: «Una de sus enmiendas, a mi juicio, mejora el texto ampliando la condición de agente de autoridad no solo a los funcionarios de carrera, sino a también a interinos, eventuales o laborales».
En su intervención, Jon Iñarritu (EH Bildu) ha hablado de «marcianada parlamentaria»: «¿No tienen más ideas? ¿Es una competición con el PSOE?«. Sobre el fondo, Iñarritu la ha calificado como una «medida simbólica y populista, que no soluciona el fondo del problema». En su opinión se está optando por resolver una problemática por la vía del autoritarismo, cuando es «una cuestión que debería ser resuelta vía la rehabilitación y la reinserción».
En esta línea, ha instado a la Cámara a poner el foco en la salud mental de los internos. «Es en las instituciones penitenciaras donde hay una carencia de sanitarios, psicólogos y psiquiatras». Para ERC esta reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria «añade un sesgo de desconfianza añadida a la relación ente el interno y el funcionario».
En legislaturas anteriores…
Precisamente este año se ha cumplido el 45ª aniversario de la aprobación de esta ley orgánica que a su paso por el Congreso, en el «superpleno» del verano de 1979, logró casi unanimidad con solo dos abstenciones y ningún voto en contra.
Fue un debate lleno de emociones al participar en él parlamentarios que «con la experiencia personal que tienen de las cárceles han contribuido a mejorar notablemente este proyecto de ley», como reivindicó el diputado de UCD Alberto Estella Goytre.
