El Gobierno aprobará antes del 31 de diciembre un Real Decreto-Ley para prorrogar el gravamen energético con algunas “actualizaciones” que se cerrarán la próxima semana en una nueva reunión con ERC, EH Bildu, BNG y Podemos.
El Ministerio de Hacienda ha convocado este miércoles a todos los grupos parlamentarios del bloque de la investidura para negociar un impuesto a las grandes empresas energéticas. Así, pretendía dar cumplimiento al pacto con Podemos de impulsar una comisión negociadora para articular una proposición de ley.
Sin embargo, lo que pretendía ser una mesa de negociación se ha visto descafeinada por la ausencia de PNV y Junts, precisamente los dos partidos a los que se debería atraer ya que son los que, de primeras, lo rechazan.
Según fuentes parlamentarias presentes en la reunión, Hacienda les has trasladado que el Real Decreto-Ley se aprobará antes de finalizar el año para que la medida no decaiga en lo que se gesta y tramita la proposición de ley, que aún no han abordado.
Con todo, el horizonte de la medida es incierto ya que el Real Decreto-Ley deberá pasar por el Pleno del Congreso para su convalidación y el Ejecutivo no ha asegurado a sus socios que tenga atados los apoyos de Junts y PNV, que son necesarios.
Marcadas ausencias
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, anticipó que no acudiría: “No vamos a participar en un paripé que necesita Podemos”. Además, “nadie nos ha preguntado ni ha acordado con nosotros y nosotras hacer esta reunión”, ha dicho, apostillando que “no tiene ningún sentido juntarse para discutir de un gravamen entre siete u ocho partidos políticos en una mesa abierta, así no se discuten las cosas” y exigiendo seriedad para abordar temas de complejidad técnica.
Por su parte, Junts, sin tantas explicaciones, también ha optado por ausentarse.
Ambos grupos son, precisamente, a los que el Ejecutivo tendría que convencer, puesto que ya amasa los votos de ERC, EH Bildu, BNG y Podemos para, primero prorrogar el gravamen energético y, luego, hacerlo permanente mediante una proposición de ley.
Objetivo: nuevo impuesto
El pasado mes de noviembre el Gobierno logró salvar in extremis su paquete fiscal y el impuesto mínimo a multinacionales tras cerrar con ERC, EH Bildu y BNG la prórroga por un año más del gravamen a las compañías energéticas.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda rubricó con Junts un acuerdo para “no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.
El PSOE desenredó el nudo provocado por estos vetos cruzados firmando con Podemos un acuerdo para registrar una proposición de ley con la creación de este impuesto; un pacto en sintonía con lo comprometido con ERC, EH Bildu y BNG.
Dados los plazos requeridos desde el registro de una proposición de ley hasta su publicación en el BOE, el Gobierno deberá prorrogar el gravamen antes del 31 de diciembre vía Real Decreto-Ley. La prórroga duraría un año, tiempo suficiente para que la proposición de ley que daría forma al nuevo impuesto concluya la tramitación parlamentaria.
Fuentes de Podemos han criticado al PSOE que ni Junts ni PNV hayan asistido, puesto que pactaron que acudirían. “Este incumplimiento revela, desde nuestro punto de vista, la falta de compromiso del Gobierno con el impuesto a las energéticas”, abundan.