QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno ha sacado a consulta pública un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) a las centrales nucleares en explotación
En España, la gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado y cuya gestión está encomendada a ENRESA que la lleva a cabo de acuerdo con el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) aprobado por el Gobierno.
En 2009 se establecieron, también por ley, cuatro tasas por los servicios prestados por ENRESA y desde 2017 pasaron a tener la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributaria.
Esta prestación es satisfecha por los titulares de las centrales nucleares durante su explotación y su cuota es el resultado de multiplicar la energía nucleoeléctrica bruta generada por cada central (base imponible) por una tarifa fija unitaria y por un coeficiente corrector dependiente del tipo de reactor y de la potencia bruta de la central. y con ella se financian:
- Los servicios de gestión de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares que estaban en explotación en el 1 de enero de 2010.
- El desmantelamiento y clausura de dichas instalaciones.
- Las asignaciones destinadas a los municipios afectados por centrales nucleares o instalaciones de almacenamiento de combustible nuclear gastado o residuos radiactivos.
- Los tributos que se devenguen en relación con las actividades de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.
Esta tarifa fija unitaria se fija por el Gobierno mediante Real Decreto (RD) y la última data del año 2019. Ahora el Gobierno se propone revisarla y para ello el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico saca a consulta pública previa en su página web, hasta el 18 de marzo, la propuesta del nuevo RD que debe establecerla.
¿Qué se pretende con esta nueva tarifa?
Tener en cuenta las estimaciones de los costes futuros de las actividades previstas en el 7º PGRR, aprobado el pasado mes de diciembre aplicando el principio de “quien contamina paga” y tratando de evitar eventuales déficits de financiación que tengan que ser asumidos por fondos públicos.
Se trata de que ENRESA pueda disponer de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo las actividades que se contemplan en dicho Plan cuyo horizonte temporal alcanza hasta el año 2100.
El ministerio no adelanta cuál es su propuesta de la nueva tarifa, pero todo indica que superará la que se estableció en 2019 de 0,798 céntimos de €/KWh, con los correspondientes correctores en función de la potencia bruta de la central.
