El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha abierto el plazo de consulta pública previa sobre el Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. El plazo para presentar aportaciones termina el 30 de noviembre.
La Ley de Juventud busca poner las bases para un «nuevo contrato social justo y sostenible para los adolescentes mediante la apertura real a su participación en todos los ámbitos de transformación política y social«. Para ello, el Ministerio se ha propuesto que el texto aborde aspectos como los derechos económicos y cobertura social, los derechos democráticos, la salud mental y la crisis ecosocial ligada a los derechos de las generaciones futuras.
La ministra ya anunció la norma durante su primera comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso. En ese momento, Rego señaló que el Ministerio pretendía que la ley tuviese un proceso previo de participación juvenil que configurase un borrador normativo.
El Anteproyecto se fundamenta en la Estrategia de Juventud 2030, la cual apostó por abrir procesos participativos protagonizados por el Consejo de la Juventud de España y una muestra representativa de asociaciones para alcanzar un nuevo contrato social con la juventud.
Antecedentes
Actualmente están en vigor en nuestro país diversas normas de naturaleza internacional que versan sobre los derechos de la juventud. Destaca la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, que proyecta una respuesta a los desafíos que enfrenta el mundo, y la Estrategia Europea de Juventud 2021-2027, que pretende impulsar la participación de los adolescentes en la vida democrática.
A nivel autonómico existe una amplia mayoría de comunidades que ya cuenta con legislación dedicada a la juventud, en total son doce leyes generales de juventud entre las diecisiete comunidades. Este marco legislativo aborda la materia desde un enfoque prestaciones y de desarrollo de la estructura administrativa de juventud territorial.
El Ministerio apunta que, a pesar de la pretendida transversalidad de las políticas de juventud, el desarrollo normativo y al gestión de programas de interés para la juventud está atribuido a unidades administrativas sectoriales, que «raramente legislan específicamente para la juventud dentro de su ámbito».
¿Por qué ahora?
A día de hoy, España no cuenta con ninguna norma de carácter nacional que sistematice, reconozca y garantice el desarrollo integral de los derechos específicos de la población joven recogidos en la legislación internacional.
Esa falta legislativa se observa sobre todo en materia de derechos de participación, económicos, sociales y culturales, derechos sexuales y reproductivos, derechos del colectivo LGTBI, derechos de las mujeres y contra la dirscriminación por motivos raciales.
Tal y como está planteada, la Ley debería dar una respuesta en clave nacional a los mandatos de la normativa internacional y europea. De esta forma, se establecería un marco para potenciar la participación de adolescentes en todos los ámbitos como agentes de transformación, marcando la agenda social y las decisiones sobre el futuro inmediato.
Voto a los 16
Pese a que no está incluido en el documento inicial, la Ley podría incluir la rebaja en la edad legal de voto para pasar de los 18 a los 16 años. Durante una comparecencia en el Senado, la ministra mostró su apoyo a que los jóvenes a partir de 16 años tengan derecho a votar en las próximas elecciones generales. «Si los jóvenes quieren votar a los 16 años en las próximas elecciones, tendrán mi apoyo», afirmó ante la Comisión de Juventud e Infancia de la Cámara Alta.
En el Congreso, Sumar ya presentó una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a reformar la Ley Orgánica del régimen Electoral general para reducir la edad legal y que se pudiese votar a los 16 años. La propuesta salió adelante con el voto favorable de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el Grupo Mixto. El Partido Popular y Vox se posicionaron en contra mientras que, Junts y PNV optaron por no participar en la votación. En ese caso, los socialistas consiguieron introducir una enmienda a la iniciativa para que aplazase al Ejecutivo a estudiar la medida en el plazo de un año.
Artículo 48
Realmente, la nueva ley vendría a desarrollar el punto en el que la Constitución Española afirma que «los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural». El Ministerio argumenta que esta obligatoriedad no está atendida suficientemente por las administraciones públicas y es «una condición necesaria de progreso democrático y social».
Se espera que, durante el proceso participativo, la juventud hable y determine cuales son los ejes que deben vertebrar la norma. Lo que se pretende es abrir un debate amplio entre la juventud organizada como con la que no lo está, de ahí la complejidad del proceso. Tras ello, el Ministerio espera poder presentar el borrador completo en 2025.