QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La aritmética parlamentaria de la presente legislatura es tan ajustada que la pérdida de apoyo de un solo socio del Gobierno hace tambalear la iniciativa, quedando en manos del Partido Popular. Un escenario que ya provocó dos derrotas del Ejecutivo en apenas 48 horas, con un Congreso que rechazó un martes tomar en consideración la Proposición de ley del PSOE para abolir la prostitución y viéndose obligado a retirar la reforma de la ley del Suelo. La próxima semana, los socialistas volverán a depender la bancada popular. El Pleno debatirá las enmiendas a la totalidad al Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, siendo Junts uno de sus impulsores -y Vox el otro-.
La iniciativa, que decayó la pasada legislatura con motivo del adelanto electoral, tiene por objeto crear un organismo que dote a los creadores de una herramienta para hacer frente a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en materia de derechos de autor, así como reforzar la actividad administrativa del Estado en esta materia para adaptar la regulación a las nuevas formas de consumo y difusión de contenido.
El Grupo Socialista no podrá contar con Junts para tal empresa. La formación independentista justifica su enmienda a la totalidad en que el articulado no tiene en cuenta el marco competencia de las Comunidades Autónomas, particularmente, en lo que respecta a la Generalitat de Catalunya.
Junts esgrime que el proyecto de ley no tiene en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente, de Catalunya.
Junts recuerda que el artículo 155 del Estatut d’Autonomia otorga a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual. Además, Catalunya ya dispone de un Registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, Vox esgrime que el Proyecto de ley tiene por objeto la creación de un organismo autónomo, lo que implicaría un aumento del gasto público.
Ante el rechazo frontal de Junts, y a expensas de que otros socios se pronuncien, el Gobierno volvería a necesitar a los de Alberto Núñez Feijóo, que aún no han desvelado el sentido de su voto. En la pasada legislatura, se opusieron a la enmienda a la totalidad impulsada por Vox, permitiendo el avance del proyecto de ley, pero queda la duda de cuál será su posición en esta ocasión puesto que también votaron favorablemente a la abolición del proxenetismo y, en la actual legislatura, sin embargo, la rechazaron.
El PP se opuso a la enmienda a la totalidad de Vox a la Oficina de Derechos de Autor en la pasada legislatura, pero aún no ha desvelado el sentido de su voto. Con el proxenetismo, por ejemplo, cambiaron de parecer.
Un organismo para afrontar desafíos
Los trabajos que asumirá la nueva Oficina de Derechos de Autor recaen actualmente sobre la subdirección General de Propiedad Intelectual, dependiente de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, adscrita a la Secretaría General de Cultura y Deporte, que responde ante el Ministerio de Cultura. La exposición de motivos del proyecto de ley razona que la revolución que ha sufrido el sector dibuja unos retos que requieren de mayores recursos, admitiendo que la actual estructura no atesora los medios necesarios.
Los desafíos asociados al creciente rol de internet y de los servicios de la sociedad de la información en el sector, así como la Inteligencia Artificial y de otras nuevas tecnologías digitales, han forzado a varios países a la creación de un organismo que refuerce la protección de los derechos de autor. Francia, Canadá, Portugal, Estados Unidos y, ahora, a la estela, España.
“En los últimos años, la actividad relacionada con los derechos de autor y demás derechos afines o conexos, ha experimentado una constante expansión, tanto a nivel nacional como internacional”, recoge la exposición de motivos del articulado, que también apunta que “Internet se ha convertido en el principal canal de comunicación pública y reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos”.
Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2021-2022, el 62,8% de los encuestados escucha música en su móvil; el 25,4%, en el ordenador o en equipos conectados a él, y el 66,7% directamente de Internet. En lo que respecta a la visualización de vídeos, el 24,5% lo hace en el ordenador o en equipos conectados a él y el 69,5% directamente en Internet. Además, el avance de las redes sociales ha transformado los canales de comunicación pública y, en particular, la puesta a disposición de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos conexos.
Otro de los grandes retos es la irrupción de la Inteligencia Artificial. Está adquiriendo mayor relevancia en las Industrias Culturales con motivo de su reciente aplicación en la creación musical, pictórica e, incluso, en la escritura. Esto genera problemas como la regulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de desarrollo de nuevas creaciones. Una de las principales cuestiones a responder es si las obras y prestaciones creadas mediante técnicas de IA deberían poder registrarse o no aún careciendo de autoría humana.
Asimismo, los Token No Fungibles, conocidos como NFT por sus siglas en inglés, al tratarse activos virtuales no fungibles que representan un certificado de propiedad en el marco de la tecnología blockchain, suponen un nuevo ámbito que guarda estrecha relación con muchas ramas del derecho de autor, y tiene visos de convertirse en un nuevo ámbito de regulación nacional e internacional.
Por último, la digitalización y transformación de los usos de las obras protegidas por derechos de autor ha acarreado nuevas formas de vulneración de los mismos, aflorando estrategias de piratería que aprovechan la combinación de funcionalidades que ofrecen las redes sociales. Todo ello ha provocado un incremento sustancial de las actividades relacionadas con los derechos de autor ante el cual la subdirección general de propiedad intelectual se ha visto desbordada.
Estructura y objetivos
El articulado regula la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O. A, que gozará de una personalidad jurídica y capacidad de obrar propias. Estará adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte, al que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
Los objetivos de la Oficina (OEDAC) son la realización de la actividad administrativa que corresponde a la Administración General del Estado en materia de derechos de autor y conexos, así como el impulso y ejecución de la política en esta materia.
El régimen jurídico de la Oficina quedará regido por el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y corresponderá al Ministerio aprobar un Estatuto de la OEDAC, que será aprobado mediante real decreto y a propuesta conjunta del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Hacienda. Asimismo, el régimen jurídico del personal se regirá por la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, así como la ley del Estatuto de los trabajadores.
La Oficina dispondrá de un régimen patrimonial y de recursos económicos propios y sus órganos de Gobierno serán la Presidencia del organismo, ejercida por la persona titular del Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Rector, integrado por la presidencia y las vocalías.
