QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Socialista no ha hallado aliados. Ni a su derecha, ni a su izquierda. Ni en las bancadas de sus socios, ni en la oposición. Ni tan siquiera sus compañeros de Ejecutivo. El Pleno ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de ley por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Los 122 síes de un PSOE que solo ha recibido el apoyo de Coalición Canaria, UPN, BNG y su otrora compañero de filas José Luis Ábalos (hoy adscrito al Mixto) no han podido imponerse a los 184 noes de Partido Popular, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu y PNV, a pesar de la abstención de Vox y Podemos (36).
Que se trataba de un texto incompleto, que se apostaba por el punitivismo, que carecía de medidas sociales de acompañamiento o, incluso, que destilaba electoralismo han sido algunos de los argumentos en los que las formaciones que han rechazado la proposición de ley han coincidido.
El Grupo Plurinacional de Sumar, socio de Gobierno de los socialistas, ha afeado al PSOE que la ley no aborda la desigualdad, el racismo, la transfobia y la pobreza estructurales que atraviesan el proxenetismo. “No podemos darle apoyo”, ha verbalizado la diputada Gala Pin, de Sumar, quien ha añadido que emana electoralismo porque “no se entiende que no lo haya hablado siquiera con los socios del Gobierno o de investidura”. Además, ha tildado de “cínico o inocente” pensar que así se erradicaría la prostitución.
ERC también ha reprochado la falta de medidas en materia de empleabilidad, acceso a la vivienda, formación académica… En definitiva, medidas de acompañamiento. Su diputada Pilar Vallugera, ha puesto el foco en la fractura provocada en el bloque progresista: “Esto rompe absolutamente la mayoría de la investidura. ¿Qué están haciendo ustedes? Esta era una de las cuestiones que parte al feminismo por la mitad y necesitamos estar unidas”.
Por su parte, el PNV considera que la proposición de ley “corta la cuerda y no pone red”, mientras que Junts pide diferenciar prostitución de trata, al igual que EH Bildu, y Podemos cuestiona que una modificación del Código Penal baste para abolir la prostitución.
Y mientras la bancada socialista coleccionaba noes, todos los ojos se dirigían hacia el Partido Popular, que en la pasada legislatura se posicionó a favor, pero en esta, ha cambiado de parecer.
A pesar de que el texto es similar, la diputada popular Ana Isabel Alós ha esgrimido que “es indigno el uso y el abuso que hacen del feminismo con fines electorales”. Ha criticado al PSOE por no haber aprobado definitivamente la iniciativa en la pasada legislatura, por no haber sido la primera proposición de ley de esta (lo fue la Amnistía) y por no haber negociado previamente.
En consecuencia, el PP ha solicitado al PSOE que retirase la ley y se comprometieran elaborar una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido la soledad de su posición, al tiempo que ha valorado que “somos las únicas que nos hemos mantenido firmes”.
Respondiendo a la presunta ausencia de medidas de acompañamiento, ha razonado que la condición de víctima ya da acceso a muchos recursos, y además, se está trabajando en una ley de trata. Por el contrario, entiende que el Código Penal actual es insuficiente.
Con todo, Redondo ha amenazado con volver: “Va a ser en esta legislatura”.
La ley
El Grupo Socialista en el Congreso rescató la Proposición de ley para abolir la prostitución que registró la pasada legislatura y que decayó con motivo del adelanto electoral. El texto prohíbe el proxenetismo en todas sus formas y modifica el Código Penal para castigar dicha práctica con penas más elevadas y la tercería locativa.
La iniciativa consta de un único artículo que reformula el 187 del Código Penal. La actual redacción establece penas de dos a cinco años y multa de 12 a 24. Con la propuesta de los socialistas, las condenas se incrementarían, siendo de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses.
La PL mantiene las penas de dos a cuatro años y la multa de 12 a 24 a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma. El elemento clave de este punto es que elimina el concepto de explotación al que actualmente está sujeta esta condena, entendiendo que en estos casos siempre se da.
A día de hoy, Código Penal recoge la “explotación” concurre cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad personal o económica; y/o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
La propuesta socialista plantea que se imponga la pena en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso; aclarando que estas circunstancias concurren cuando el culpable se valga de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público (en cuyo caso, se aplicará además la inhabilitación absoluta de seis a 12 años); cuando perteneciere a una organización o grupo criminal; cuando hubiere puesto en peligro la vida o la salud de la víctima; y cuando la víctima se encuentre en estado de gestación.
Tercería locativa
La Proposición de ley incorpora un nuevo artículo 187 bis para castigar la tercería locativa. De esta manera, quien con ánimo de lucro o de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución, será condenado a penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses.
La pena se impondría en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso.
También se incluye un artículo 187 ter para regular las penas para los casos en los que se conviene la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero o de otras prestaciones. Las multas oscilarían entre los 12 y los 24 meses, comportando penas de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses si la víctima fuese menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.
Por último, el articulado reconoce como víctimas a las personas en situación de prostitución, por lo que gozarían de todos los derechos de asistencia integral incluidos en la legislación sobre libertad sexual.
