La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicado que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) todavía no está en condiciones de asumir la recaudación del IRPF, ni desde el punto de vista legal ni operativo, a la espera de los cambios normativos imprescindibles. Ha remarcado que, en la actualidad, la Generalitat no dispone del marco jurídico necesario para asumir esta función: “En estos momentos no tenemos la legitimidad legislativa. Nosotros no tenemos una ley que nos diga que tenemos que hacer esto”.
Romero ha hecho estas declaraciones este martes en la rueda de prensa posterior a la firma del pacto entre el Govern y ERC para sacar adelante los Presupuestos de Catalunya de 2026. El entendimiento contempla el compromiso de ambas formaciones de trabajar “conjuntamente” para que el Congreso apruebe la delegación de competencias en materia de recaudación del IRPF, junto a otros puntos acordados.
Dentro de este acuerdo se prevé destinar 527 millones de euros adicionales en los próximos cuatro años a la ATC con el objetivo de “situar a la agencia en el lugar que le corresponde para poder asumir un impuesto de tanta complejidad como el IRPF”. Este impulso económico se articulará mediante un contrato programa específicamente diseñado para reforzar la estructura y los recursos de la administración tributaria catalana.
Contrato programa para el IRPF
Según ha detallado la consellera, este contrato programa permitiría que la ATC comenzara a encargarse de la recaudación del IRPF en “primeros estadios”, es decir, en una fase inicial en la que seguiría interviniendo la Agencia Tributaria estatal. La idea es que la asunción de competencias se haga de forma progresiva y coordinada entre ambas administraciones.
Romero ha subrayado que “el IRPF también es un impuesto complejo, no es sencillo, y por tanto deberemos ir haciendo por etapas. La primera etapa de mucha colaboración con la agencia española y, poco a poco, nosotros ir ganando peso y ellos ir perdiéndolo”, ha resumido, insistiendo en que el traspaso no será inmediato, sino escalonado.
Relación con el Ministerio de Hacienda
La titular de Economía ha recordado que la gestión tributaria es, a día de hoy, una competencia del Estado que solo puede ejercerse en Catalunya si el Gobierno central la transfiere formalmente, algo en lo que ya están trabajando: “Es lo que hemos acordado con ERC”.
En este contexto, ha asegurado que la interlocución con el Ministerio de Hacienda es muy positiva: “Como la teníamos hace 3 meses, 6 meses y un año”, ha dicho, aludiendo a la etapa en la que la exvicepresidenta María Jesús Montero dirigía este departamento. Ha puesto en valor que “con ella y su equipo hemos logrado tener un modelo de financiación que responde a los acuerdos de investidura. Hemos tenido una muy buena relación con el Ministerio. Ahora tenemos un nuevo ministro al frente, Arcadi España, con el que también tenemos una muy buena relación”, ha defendido.
Modelo de financiación y debate en el Congreso
El pacto con la formación de Oriol Junqueras incorpora también el compromiso de impulsar que el Congreso debata en 2026 el modelo de financiación ya consensuado a principios de año entre el Gobierno central, el Govern y ERC. Romero ha indicado que están trabajando “para que se apruebe” este esquema financiero.
Ha insistido en la necesidad de que el nuevo sistema vea la luz: “Sabemos de la importancia de que se apruebe el modelo y estamos trabajando para que esto sea así. Y, por tanto, lo que ahora debe pasar es que el gobierno de España lo lleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo apruebe en un Consejo de Ministros y entre en el Congreso. Y esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que debe pasar”, ha sostenido, marcando la hoja de ruta institucional que, a su juicio, debe seguirse.
Condonación parcial de la deuda del FLA
El acuerdo recoge, además, la voluntad de acelerar en el Congreso la votación sobre la condonación parcial de la deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Romero ha expresado su confianza en obtener “el apoyo de la mayoría parlamentaria” para sacar adelante esta medida.
Ha precisado que, en el caso de Catalunya, la operación implicaría una rebaja de 17.000 millones de euros en el volumen de deuda acumulada: “Los grupos que apoyaron la investidura han hablado favorablemente”, ha señalado, abriendo la puerta a que, más adelante, se estudie “si puede haber una condonación más amplia”.