El entendimiento alcanzado entre el Govern catalán y ERC para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2026 incorpora el compromiso de trabajar “conjuntamente” para aprobar en el Congreso la delegación de competencias en materia de recaudación del IRPF, la entrada de la Generalitat en la gestión de las infraestructuras aeroportuarias y un incremento de los recursos destinados a los ámbitos educativo y sanitario.
Estos puntos se añaden a los ya pactados sobre la línea orbital ferroviaria, el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y el cambio en la composición del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), de forma que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona pasen a tener la mayoría.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han rubricado este martes el acuerdo presupuestario que, pendiente aún de que el Govern cierre el pacto definitivo con los Comuns, permitiría la aprobación de las primeras cuentas de Illa, cuya tramitación parlamentaria está previsto que arranque esta misma semana.
Financiación e IRPF
La ausencia de avances en la recaudación del IRPF frustró el acuerdo el pasado mes de marzo, pero el texto actual sí recoge que se “trabajará conjuntamente” para sacar adelante en el Congreso la delegación de competencias para la recaudación del IRPF.
El pacto incorpora además otros elementos en materia de financiación: en la segunda mitad del año deberán impulsarse las iniciativas legislativas necesarias para que el acuerdo de financiación singular entre en vigor en 2027, y antes de julio tendrá que iniciarse en el Congreso el debate del proyecto de ley de condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica, con el objetivo de que también sea aplicable en 2027.
Aeropuertos y Rodalies
En el capítulo de infraestructuras, uno de los ejes del acuerdo pasa por reforzar la capacidad de decisión de Cataluña en los aeropuertos, con el compromiso de promover los cambios legales necesarios para crear la Autoritat Aeroportuària de Catalunya y un órgano bilateral entre Gobierno y Generalitat para “coordinar la gobernanza” del sistema aeroportuario catalán.
En cuanto a Rodalies, además de la orbital ferroviaria, se prevé consolidar el compromiso de inversión del Estado en el Pla de Rodalies hasta 2030 y avanzar en la empresa mixta, incorporando a todo el equipo directivo y obteniendo las licencias como operador ferroviario. El pacto incluye, asimismo, el compromiso de culminar el traspaso de la R1 a dicha sociedad en 2026 y “acelerar” el de las líneas R2, R3 y R4 Nord.
Educación y salud
Aunque ERC desligó públicamente las demandas del profesorado de la negociación presupuestaria, el acuerdo incorpora medidas en educación, entre ellas un plan de inversiones en centros escolares hasta alcanzar los 400 millones en 2030; la asignación de 100 millones para climatizar 100 equipamientos entre los cursos 2026-2027 y 2027-2028; una partida de 50 millones para el vale escolar, y la creación de 250 nuevas aulas de acogida con 21 millones adicionales.
En el ámbito sanitario, se prevé un fondo extraordinario de 250 millones en 2026 para reducir el déficit histórico de la sanidad catalana, una dotación extra de 25 millones para salud mental infantojuvenil y la constitución de un equipo de trabajo específico para abordar “la falta de profesionales sanitarios en Cataluña”.
Impulso del catalán
El pacto contempla también actuaciones para reforzar el uso del catalán, como la puesta en marcha de un programa dotado con 50 millones en 3 años para potenciar la lengua en las redes sociales, el refuerzo del Departamento de Política Lingüística con más plazas en los cursos de catalán y medidas para consolidar su presencia en el entorno laboral, la sanidad, el comercio y la administración local.
Asimismo, se prevé una aportación de 2 millones a la Casa de Creació del Ayuntamiento de Barcelona y de 3 millones para proteger el catalán en la inteligencia artificial, junto con una partida de 10 millones para promoverlo en el deporte. El acuerdo incluye, además, el impulso del catalán en otros territorios del dominio lingüístico frente a las “políticas reaccionarias de determinados gobiernos autonómicos”.