Hoy, martes 27 de mayo, el Congreso de los Diputados somete a debate dos proposiciones de ley para su toma en consideración. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene por objeto incrementar las medidas de prevención en el consumo de alcohol y drogas por parte de conductores, con especial atención a los profesionales del transporte de pasajeros y mercancías.
El texto propone la modificación de los artículos 61 y 71.1 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Entre los cambios propuestos se encuentra la introducción de un reconocimiento médico anual obligatorio para la detección del consumo de sustancias, así como el requisito de acreditar la aptitud física para reincorporarse a la actividad profesional tras una retirada del permiso de conducción.
La segunda proposición, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista, plantea la modificación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, en lo relativo con la regulación de las prácticas académicas profesionales.
Tras este primer bloque, el Congreso aborda dos proposiciones no de ley. La primera, registrada por el Grupo Popular, solicita financiación prioritaria para la aplicación de la Ley destinada a mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. La segunda, presentada por el Grupo Socialista, propone el reconocimiento del movimiento vecinal, en referencia a su papel en la estructura social y la participación ciudadana.
La jornada continuará con el debate de tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Dos de ellas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario VOX, la primera referida a las medidas que el Gobierno tiene previsto adoptar para garantizar el funcionamiento de la red ferroviaria, y la segunda sobre las actuaciones previstas para afrontar la precariedad residencial y garantizar el derecho a una vivienda. La tercera moción, a cargo del Grupo Parlamentario Popular, solicita explicaciones sobre la actuación de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, así como del departamento que dirige, en relación con diversas investigaciones judiciales sobre presuntas tramas de corrupción.