QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Días después de forzar la caída de la reforma de la Ley del Suelo, el PP anunció que llevaría al Senado su propia propuesta. No será hasta septiembre. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de los ‘populares’, Paloma Martín, fechó este lunes la tramitación de esta proposición de ley en el primer Pleno del nuevo período de sesiones en la Cámara Alta.
La iniciativa, anunció Martín, contendrá también la derogación de los mecanismos de control de precios de la Ley por el derecho a la Vivienda, como son los índices de precios o la declaración de zona tensionadas.
Estas zonas deben ser declaradas por las comunidades autónomas, competentes en materia de vivienda, a solicitud de los ayuntamientos. En su declaración se pueden controlar precios, pero también aprobar rebajas de impuestos para los propietarios de hasta un 90% por los rendimientos obtenidos en el IRPF.
Los ‘populares’ ya anunciaron que no aplicarían ninguno de los mecanismos de los que cuenta la ley, por lo que, al no aplicar la ley, los propietarios de vivienda únicamente pueden acceder en sus territorios a la deducción general del 50% en los nuevos contratos.
Martín ha explicado el retraso para presentar su iniciativa en su intención de completar el proceso de diálogo abierto con el sector inmobiliario, comunidades autónomas y ayuntamientos.
El anuncio tiene lugar apenas tres días después de que PSOE y PNV registraran en el Congreso una proposición de ley con una nueva reforma de la Ley del Suelo, con un contenido prácticamente idéntico al del proyecto retirado, a excepción de dos garantías que preservan la competencia de las comunidades autónomas sobre el contenido y tramitación de los planes generales urbanísticos.
Para la dirigente ‘popular’, la proposición se queda «coja»: «No va a resolver el problema de vivienda en España, que es la falta de oferta y la tolerancia con la okupación», aseveró en declaraciones a los medios de comunicación en la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, 13.
Esta falta de oferta responde, entre otras cuestiones, a su juicio, a la «huida» de propietarios de la Ley de Vivienda hacia otro tipo de fórmulas de alquiler, como el alquiler de viviendas de temporada y de viviendas turísticas.
Además de la derogación de las zonas de mercado tensionado y los índices de precios, Martín aseguró que su propuesta buscará «acabar con la impunidad de la ‘okupación’, aunque sin concretar qué medidas.
El PP ha defendido reiteradamente endurecer las penas contra la ocupación ilegal de vivienda pero también ha asociado los mecanismos de protección contra los desahucios de la Ley de Vivienda con un fomento de la ocupación.
Ve urgente reformar la Ley del Suelo
Donde sí coinciden con el Gobierno –o al menos con el ala socialista, ya que Sumar expresó reservas– es con la necesidad de reformar de forma urgente la Ley del Suelo para dar mayor estabilidad a los planes urbanísticos, evitando que estos puedan ser tumbados por defectos de forma.
La propuesta que presentó el Gobierno –y que en su momento defendió el PP en el último Gobierno de Mariano Rajoy– es permitir la subsanación de estos defectos, sin que decaigan los planes, y también evitar la nulidad en cascada de cualquier acto que desarrollen los planes anulados.
Otra propuesta es acotar la posibilidad de la ciudadanía de recurrir estos planes, una medida que Martín avaló en una reciente entrevista con Demócrata, en la que justificó que esta acción pública «ha de ser también una acción responsable» y «debe ser, en todo caso, delimitada».
El PP echa en falta, eso sí, una reforma en la Ley reguladora de lo Contencioso-Administrativo para acompañar los cambios con reformas de carácter procesal. Entre ellos, plantea extender la retroactividad del nuevo régimen de nulidad y anulabilidad no sólo a los planes que no hayan sido recurridos, sino también a aquellos que sí lo hayan sido e incluso anulados siempre y cuando la sentencia no sea aún firme.
Los ‘populares’ también defienden cambiar la tramitación de las actuaciones urbanísticas para generalizar el silencio positivo, con el fin de que, si no hay una respuesta en tiempo de la Administración, la actuación se entienda como autorizada. La medida se incluye en la reforma impulsada por el Gobierno para vivienda protegida y algunas actuaciones en suelo urbanizado.
Pese a coincidir en estas cuestiones, Martín no aclara la postura del PP respecto a la proposición de ley registrada por PSOE y PNV, criticando que de nuevo no hayan buscado su opinión antes de impulsar la propuesta.
En el Ministerio de Vivienda sostienen que hasta días antes de retirar la ley, el Gobierno tuvo interlocución con Génova, y concretamente Martín, sobre posibles cambios concretos al proyecto en forma de enmiendas.
La dirigente ‘popular’ no niega las conversaciones pero sí sostiene que, antes de aprobar el proyecto, el Gobierno no les buscó para sacarlo adelante en el Consejo de Ministros, al igual que ahora con la proposición de ley, por lo que emplaza al PSOE a buscar sus apoyos en sus socios de investidura.
