Minutos antes de empezar el debate de totalidad de reforma de la Ley del Suelo, el Gobierno comunicó al Congreso la retirada del proyecto de ley.
No tenía asegurados los apoyos suficientes para superar la votación de totalidad –ERC, Junts y Podemos defendían su devolución y Sumar apoyaría las enmiendas– y el PP no garantizaba la abstención, pese a contar con ella desde hacía semanas.
Retirada definitiva
El Gobierno comunicó la decisión a los medios diciendo que había solicitado la retirada del orden del día del Pleno «para garantizar su tramitación».
Para poder retirar el debate del orden del día, el PSOE habría tenido que contar con una mayoría suficiente en el Pleno del Congreso para poder modificar este orden.
El Reglamento prevé en su artículo 68.1 que el orden del día del Pleno puede ser alterado a propuesta de la presidencia de la Cámara o a petición de dos grupos parlamentarios o una quinta parte del Congreso (70 diputados).
La decisión adoptada, en cambio, es la retirada definitiva del proyecto.
En cualquier momento de tramitación
El Reglamento del Congreso reconoce al Gobierno la capacidad de poder retirar un proyecto de ley en cualquier momento de su tramitación, siempre que la Cámara no haya adoptado un acuerdo final sobre la misma (artículo 128).
Es decir, el Ejecutivo habría podido incluso retirarlo en fase de enmiendas parciales, en el caso de que superara la votación de totalidad.
¿Y ahora?
La retirada supone la caducidad automática de la iniciativa. Volver a impulsarla de nuevo como proyecto de ley, exigiría un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros de remisión a las Cortes.
Otra opción sería el registro como proposición de ley por parte de un grupo parlamentario.
En este caso, el Gobierno se inclina por la tramitación de una proposición de ley. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado ante los medios que pone «a disposición de todos los grupos» la iniciativa «para que, cuando pase el furor electoral, puedan tomar como referencia» esta propuesta.
Esta opción evitaría tener que iniciar de nuevo el proceso de elaboración de un proyecto, sometido a trámites de información pública y a la solicitud de informes preceptivos.