QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
«Esta modificación, de ser aprobada, aportará reflexión». Con esas palabras defendía el senador del Grupo Popular Eloy Suárez la proposición de su partido de cambiar el Reglamento del Senado para que la Mesa pueda decidir la tramitación o no por la vía de urgencia de las proposiciones de ley llegadas del Congreso de los Diputados. El texto, registrado el pasado 31 de octubre, llegó al pleno de la Cámara Alta este mismo miércoles, donde siguió adelante en su trámite de toma en consideración con los votos de Vox y UPN, además de los de la bancada Popular. Su aprobación definitiva está prevista para el próximo martes, 14 de noviembre, en un pleno extraordinario convocado para la ocasión.
Hasta ayer, viernes, a las 18:00 horas, quedaba abierto el plazo para presentar enmiendas. Quien ha formalizado modificaciones a su propia proposición es el PP, que quiere ir más allá en la reforma y ampliarla para incluir en el Reglamento los procedimientos de comparecencia del presidente del Gobierno y los ministros ante el Pleno de la institución.
UN CAMBIO DE REGLAMENTO EN DOS SEMANAS Con la votación del dictamen de la Comisión de Reglamento, donde salvo sorpresa se incorporarán las dos enmiendas del Grupo Popular, la reforma del Reglamento a instancia del PP se ejecutará en tan solo 14 días, siete desde su calificación por la Mesa. * 31 de octubre: el Grupo Popular registra su proposición. * 7 de noviembre: la Mesa califica el texto y lo incluye para su toma en consideración en el pleno del día siguiente. * 7 de noviembre: se abre plazo para proposiciones alternativas, hasta las 12:00 del día siguiente. * 8 de noviembre: la Mesa califica las propuestas alternativas y rechaza escrito de reconsideración del resto de grupos. * 8 de noviembre: el Pleno toma en consideración la proposición. * 8 de noviembre: reunión de Junta de Portavoces y Mesa para convocar pleno extraordinario. * 8 de noviembre: se abre el plazo para enmiendas, hasta las 18:00 del día 10. * 13 de noviembre: se debaten enmiendas, elaboración de dictamen y votación en la Comisión de Reglamento. * 14 de noviembre: pleno extraordinario para votar el dictamen de comisión y aprobar la reforma del Reglamento.
Las enmiendas del PP
Para ello, el Grupo Popular ha propuesto reescribir el artículo 182 del Reglamento para añadirle seis puntos más. Una vez incorporada la enmienda y aprobada la proposición, quedará reglado el procedimiento por el que el presidente del Ejecutivo o «el resto de miembros del Gobierno» comparecerán ante el Pleno del Senado «para informar sobre un asunto informado». Podrán hacerlo «a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces». Las comparecencias «podrán ser solicitadas por dos grupos parlamentarios o por la quinta parte de los miembros de la Cámara».
Una vez admitidas e incluidas en el orden del día de una sesión plenaria, las intervenciones ante el Pleno se ordenarán de la siguiente manera. Primero, exposición oral del miembro del Gobierno, tras lo cual habrá un turno para cada grupo parlamentario. Esta primera intervención de los grupos será de 20 minutos si quien comparece es el presidente del Ejecutivo o de 10 en el resto de los casos, «empezando por los que han solicitado la comparecencia, de mayor a menor», y luego el resto de grupos, «de menor a mayor».
Se incluye también la posibilidad de un segundo turno, de réplica, para los representantes de los grupos parlamentarios, a decisión de la presidencia del Senado tras oír a la Junta de Portavoces. Este sería de 10 minutos en el caso de que la cita sea con el presidente y de cinco si el citado es otro integrante del Gobierno y seguiría el «mismo orden de intervenciones» que en el primer turno.
El PP justifica su enmienda «con el objetivo de conseguir una mejor información con relación a aquellos asuntos que la Cámara estime oportuno completando las posibilidades de actuación de la misma». Además, el Grupo Popular añade una segunda modificación al texto original, una disposición transitoria, para «iniciativas en tramitación», de tal forma que el cambio de Reglamento se aplicaría a «aquellas que se encuentren en tramitación en la Cámara» desde el mismo día que entre en vigor.
Fin al choque institucional Ejecutivo-Senado
Las enmiendas se producen la misma semana en la que cuatro miembros del Ejecutivo estaban llamados a comparecer en la sesión plenaria del martes, comparecencias que no tuvieron lugar al no estar presentes los ministros en funciones requeridos, algunos de ellos presentes en la Cámara hasta minutos antes. Fue el caso de los titulares de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Derechos Sociales (Ione Belarra) y Migraciones (José Luis Escrivá), que antes intervinieron en la sesión de control al Gobierno, pero que abandonaron el Hemiciclo cuando llegaba el turno de sus comparecencias.
Los tres fueron citados la semana anterior por la Mesa del Senado, a solicitud del Grupo Popular. A ellos se sumaba la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, a petición de Junts (Grupo Plural). Tanto el PSOE como el Gobierno en funciones, desde la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, ya habían rechazado las comparecencias. El partido y el Ejecutivo niegan que el presidente o los ministros tengan obligación de rendir cuentas ante el Pleno de la Cámara Alta. Para ello argumentan que se trata de trámites que no están previstos en el Reglamento de la institución.
SIN PREVISIÓN, PERO CON ANTECEDENTES Las discrepancias entre PP y PSOE al respecto ya habían saltado en una reunión de la Mesa a mediados de octubre. Preguntados al respecto, los servicios jurídicos, a través del letrado mayor, manifestaron que, si bien las comparecencias del Ejecutivo ante el Pleno no están recogidas en el Reglamento, sí hay antecedentes de este formato. Entre los ejemplos citaron las comparecencias del propio Sánchez, que acudió en hasta cinco sesiones a petición propia durante la legislatura pasada, un formato de comparecencia que tampoco está contemplado explícitamente en el texto que regula el funcionamiento de la Cámara.
En el PP no lo ven así y esgrimen la Constitución. Con sus dos enmiendas, los populares buscan así poner fin a la falta de previsión reglamentaria y ampliar la cobertura legal de unos procedimientos con los que amplían la función de control al Ejecutivo desde el Senado, donde esta legislatura tienen mayoría absoluta y, en consecuencia, el control de la Mesa.
Las enmiendas del resto de grupos
El Grupo de Izquierdas por la Independencia (EH Bildu y ERC) ha registrado como enmiendas el contenido de la proposición alternativa que ya presentó hace unos días. Su iniciativa no llegó a votarse porque antes se aprobó la toma en consideración del texto original. Por un lado plantean modificar el artículo 108.2 del Reglamento para introducir un plazo mínimo de 4 días para el registro de textos alternativos a una proposición de ley. Por otro, una nueva redacción del artículo 133, en sentido contrario al del PP: mencionar de forma expresa que lo que vale para los proyectos del ley declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso, también es de aplicación para las proposiciones declaradas urgentes por la Cámara Baja.
Más tajantes es la propuesta de la senadora designada por el Parlamento de Navarra, Uxue Barkos (Grupo Izquierda Confederal), que directamente apuesta por suprimir el punto 2 del artículo 133, de forma que se eliminaría la potestad actual de la Mesa del Senado de aplicar el procedimiento de urgencia. Por su parte, Junts (Grupo Plural), presenta una enmienda de supresión para dejar sin efecto la reforma de los populares. Consideran que la inclusión de la iniciativa en el orden del día se hizo de forma irregular, «una grave infracción reglamentaria» y para ello mantener el artículo 133 «con el redactado que actualmente tiene».
Por último, desde el Grupo Mixto, Vox plantea alterar otros tres artículos del Reglamento. El primero, el artículo 35.2, para obligar a que el letrado mayor tenga que emitir un informe de conformidad o adecuación con la Constitución de las iniciativas legislativas que se tramiten en la Cámara, así como sobre los efectos que «tendría una eventual declaración de su inconstitucionalidad por parte del TC».
Además, proponen un nuevo apartado 2 del artículo 104 para que uno o más senadores puedan reclamar la incorporación de informes cuando una proposición de ley llegada desde el Congreso no vaya acompañada de la documentación preceptiva «de haberse presentado por el Gobierno como un proyecto de ley». Y en tercer lugar rebajan a un solo grupo o un solo senador el umbral para pedir a la Mesa la aplicación del procedimiento de urgencia.
15 SENADORES PIDEN AMPLIAR EL USO DE LENGUAS COOFICIALES Señorías de los grupos Izquierdas por la Independencia, Plural y de Izquierda Confederal han registrado otra proposición de reforma del Reglamento de la Cámara Alta para ampliar los usos reconocidos en el Senado de las lenguas reconocidas como oficiales en alguna comunidad autónoma. Así, desde las filas de EH Bildu, ERC, BNG, Compromís, Geroa Bai y el senador independiente por Ibiza plantean modificar 13 artículos, dos disposiciones adicionales y añadir una nueva con el objetivo de que catalán, euskera, valenciano y gallego puedan emplearse en términos similares a los adoptados en el Congreso al comienzo de la legislatura. Además, piden que su uso se extienda al acto de acatamiento de la Constitución, que no haya que entregar traducción al castellano de los escritos presentados en el Registro, que las actas y documentos de todos los órganos se traduzcan a las lenguas cooficiales, que las respuestas al control escrito por parte del Gobierno se hagan en la misma lengua en la que se haya formulado la pregunta, y que el uso se haga extensible a publicaciones oficiales, propias, comunicaciones internas y externas, la página web, redes sociales, papelería, cartelería, rótulos y similares.
