QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular se ha servido de su mayoría absoluta en el Senado para tomar en consideración la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar que ya registraron en el Congreso y que fue vetada por el Gobierno por su impacto fiscal. Registrada de nuevo en la Cámara Alta hace dos meses, el Ejecutivo decidió de nuevo negar su conformidad a que se tramitara por apreciar que su aprobación supondría una disminución de los ingresos y un incremento de los gastos presupuestarios, una potestad que le reserva la Constitución.
Como ha sucedido en otros momentos de la legislatura, la Mesa del Senado, con mayoría del PP y avalada por un informe de la Letrada Mayor de la Cámara, decidió ignorar el veto presidencial al no considerarlo bien fundamentado y dio luz verde a su tramitación hace unas semanas.
En el debate hoy, el resto de grupos parlamentarios, si bien han coincidido en que la iniciativa incluía algunos elementos positivos, ha criticado la maniobra, así como la falta de memoria económica y de coherencia y cohesión técnicas. La votación ha salido adelante por 151 votos favorables (PP, Vox, UPN, CC, AHI y ASG) frente a 109 noes (PSOE, ERC, EH Bildu, Junts, BNG, PNV, Geroa Bai, Más Madrid, Eivissa i Formentera al Senat, Compromís).
La senadora popular Estela Darocas Marín ha sido la encargada de defender la proposición de ley lamentando que el criterio del Gobierno para vetarla fue que no estaba dispuesto a asumir el coste: “Si no consideran urgente legislar para mejorar la vida de las familias, es que están lejos de la calle. No es una cuestión técnica, sino de prioridades”.
Darocas ha valorado que su propuesta ofrece soluciones en conciliación flexibilidad laboral, incentivos del Estado etc. y, si el Gobierno de PSOE y Sumar no están por la labor, se ha comprometido a que si Alberto Núñez Feijóo gobierna, la PL llegue al BOE.
Desde el PSOE han afeado al PP que es una proposición “oportunista”. “Justo cuando estamos trabajando una ponencia seria, con voces expertas, sindicatos, asociaciones empresas y familias, ustedes presentan una propuesta vacía», ha dicho la senadora socialista Pasión Gador Romero; quien también ha considerado que se trata de una “cortina de humo para tapar la nefasta gestión en materia de conciliación de sus gobiernos autonómicos”.
Vox (adscrito al Mixto) ha prestado también sus votos, aunque su senadora Paloma Gómez Enríquez ha afirmado que está “wokizada”, pues incluye conceptos como la ideología de género o el reparto igualitario. La postura de su partido, ha dicho, es la libre organización de las familias, no que los permisos sean personales e intransferibles; al tiempo que ha recordado que su modificación del IRPF pasa por imponer dos tramos, uno del 15% hasta los 70.000 euros y un 25% para las superiores, con reducción de cuatro puntos por cada hijo.
Francesc Xavier Ten, del Grupo Plural (Junts), ha esgrimido que el texto es jurídicamente “flojo” e “incompleto”, además de que contiene “artículos generalistas que no aportan nada nuevo”. “Falta coherencia y cohesión”, pero durante la tramitación se podría enmendar y transaccionar porque contiene “aspectos positivos”.
Por su parte, Carla (Antonelli) Delgado, de Más Madrid, ha criticado que el PP pretenda “convertir el Senado en su teatrillo particular para apropiarse de una Ley de Familias que ya está en marcha” en el Congreso.
“Vienen con medidas que ya están en vigor o en desarrollo, una estrategia chusca para pretender que parezca suya la Ley de Familias”, ha remachado.
La senadora del PNV Nerea Ahedo ha incidido precisamente en que el texto ya se presentó en el Congreso y el Gobierno estaba en su derecho de vetarlo. “Resulta curioso, lo que no sale allí, lo traen aquí al Senado, que tiene mayoría absoluta y ya está”, ha dicho; mientras ha criticado al Ejecutivo porque “no puede argumentarse que la conciliación sale cara”.
Con todo, su grupo ha votado en contra, invitando a los populares a tratar de incluir sus propuestas vía enmienda en el proyecto de ley que está en tramitación en la Cámara Baja.
También la representante de EH Bildu, Olaia Duarte (Izquierdas por la Independencia) ha afeado a los populares que utilicen el Senado como un “chiringuito partidista”.
Detalles de la ley
El PP plantea que las empresas favorezcan la implementación de un horario flexible que permita a los empleados organizar el inicio y el final de su jornada laboral, siempre y cuando se respete la franja horaria de presencia obligatoria y se responda a las necesidades productivas de las empresas.
Esta medida incluiría ajustes como la distribución flexible del tiempo, la elección del horario, márgenes acordados y teletrabajo, toda vez que la naturaleza del puesto lo permita.
Las modificaciones habrían de ser acordadas entre la empresa y los representantes de los trabajadores y no podrá implicar en ningún caso una disminución de las horas de trabajo ni del salario; al tiempo que se respetará el descanso mínimo diario y semanal.
En cuanto al Banco de horas, los populares proponen que sirva para gestionar las horas extra, el tiempo no utilizado de permisos remunerados, ampliar tiempo de vacaciones, tomar días libres adicionales sin afectación de derechos laborales o reducir la jornada en determinados momentos sin que mengue la retribución percibida de forma proporcional.
Ambas herramientas serían voluntarias. Las empresas de más de 50 trabajadores deberían contar en su departamento de Recursos Humanos con un responsable de las mismas que garantice el respeto de los derechos de conciliación, atienda a las demandas de los trabajadores y evalúe el proceso en un informe anual.
El PP pide incentivar el uso consecutivo de los permisos por nacimiento para reforzar la corresponsabilidad y el vínculo entre los progenitores y sus hijos e hijas.
Como medidas concretas, apuesta por eliminar el periodo forzoso de disfrute de las seis semanas inmediatamente después del parto, de manera que no será obligatorio. El propósito es también favorecer la corresponsabilidad y dar libertad de elección a los progenitores para prolongar los cuidados del menor.
En todo caso, al menos seis semanas del permiso por nacimiento, que son intransferibles en su totalidad, serían de disfrute obligatorio para ambos progenitores dentro del primer año de vida del menor.
La proposición de ley también propone ampliar los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas (que se incorporarían de forma progresiva); que en los casos de familias monoparentales sean 26; y un nuevo permiso de 16 semanas para el cuidado de menores de ocho años, así como las condiciones de retribución del periodo mínimo no transferible de ocho semanas (Directiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019).
Las familias en situaciones especiales gozarían de beneficios adicionales. Por ejemplo, las familias monoparentales tendrían beneficios fiscales y descuentos en transporte público, se introduciría un elemento corrector para que no se vean perjudicadas en relación a las biparentales y se les bonificaría el 45% de las cuotas de la Seguridad Social en la contratación de cuidadores. Todo ello sería extensible para familias numerosas, de acogida y familias con personas con discapacidad.
Las familias en el medio rural recibirían ayudas de movilidad y subvenciones directas para la contratación de cuidadores; y las familias vulnerables tendrán preferencias en los servicios sociales.
Los populares piden incentivar las medidas de fomento de la conciliación valorándolo positivamente en el marco de la contratación pública. Además, su propuesta incluye asesoramiento a empresas, que los poderes públicos incentiven la reincorporación de las personas trabajadoras que se hayan acogido a excedencias mediante medidas fiscales en favor de las compañías y bonificaciones para contratos de sustitución por bajas de maternidad y paternidad.
Las Administraciones Públicas tendrían que impulsar campañas de sensibilización y formación sobre corresponsabilidad; a incluir en los programas educativos de los menores estos principios y valores; a promover la información y apoyar a las entidades de Tercer Sector de Acción Social; así como disponer programas específicos de conciliación dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Gobierno tendría que crear el Portal de la Conciliación en el Ministerio competente con el propósito de facilitar la accesibilidad a las ayudas y recursos, permitiendo así disponer de toda la información y centralizando la tramitación de ayudas, prestaciones y servicios de apoyo.
También, en el marco del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y del Sistema para la autonomía y la atención de la Dependencia, el Gobierno elaborará en un plazo de seis meses un Plan Nacional de Conciliación y Corresponsabilidad, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Una de las propuestas concretas del Plan sería el uso de las instalaciones educativas y deportivas como recursos de apoyo a la conciliación, con actividad extraescolares y aperturas en días no lectivos.
Con respecto al ámbito educativo, también se urge a implementar la Educación infantil gratuita de cero a tres años, una de las medidas estrella con la que el líder del PP se presentó a las elecciones generales y que, de hecho, el PSOE también incluía en su programa electoral. El PP plantea que, de inicio, esté cofinanciada por el Estado, de tal manera que las Comunidades Autónomas aporten un 50% y el Ejecutivo central el otro 50%.
Por último, los de Feijóo instan al Ejecutivo a acometer una reforma del IRPF y revisar diversas bonificaciones en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de la ley.
