El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias decidió este lunes, en una reunión telemática y monográfica, fijar una posición contraria a la proposición de ley presentada por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que planteaba anticipar las indemnizaciones por los accidentes ocurridos en la mina de Cerredo los días 25 de agosto de 2022 y 31 de marzo de 2025.
Así lo ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, el socialista Guillermo Peláez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes.
Peláez ha detallado que la propuesta de Tomé generaba “enormes dudas legales” entre los servicios técnicos del Principado de Asturias, que así lo hicieron constar en sus informes.
Cuestionado por el contenido de esas objeciones, el portavoz ha precisado que se centran en el ámbito competencial del Principado, al carecer de atribuciones para intervenir en materia de Seguridad Social. Además, ha apuntado que podría verse afectado el principio de igualdad recogido en la Constitución Española, dado que esos anticipos se dirigirían solo a un grupo concreto y no al conjunto de los siniestros laborales.
En Asturias gobierna en coalición el PSOE con Convocatoria-IU. El único consejero de esta formación en el Ejecutivo, Ovidio Zapico, se mostró este lunes favorable a continuar con la tramitación de la ley impulsada por Tomé. Sin embargo, la posición predominante de los responsables socialistas se impuso y dio lugar al criterio desfavorable.
Ayudas novedosas para víctimas mortales
En paralelo, Peláez ha indicado que el Gobierno asturiano sigue elaborando una ley para conceder ayudas a las familias de las personas fallecidas en accidente laboral en Asturias, con efectos retroactivos hasta 2025. De este modo, quedarán incluidas las familias de los cinco trabajadores muertos en Cerredo hace algo más de un año.
No ha concretado un calendario y se ha limitado a señalar que la norma se elevará al Consejo de Gobierno “cuanto antes”. La previsión es que las ayudas alcancen unos 70.000 euros por unidad familiar, para lo cual se efectuarán las correspondientes transferencias de crédito.
Según ha explicado Peláez, se trata de un tipo de ayudas “totalmente novedosas” en el conjunto del país. “Somos conscientes de que la siniestralidad laboral es el problema y ahí es donde queremos poner el foco”, ha enfatizado.
Ante las preguntas de los medios, el portavoz ha reiterado que la responsable del siniestro de Cerredo es la empresa Blue Solving, que estaba extrayendo carbón sin autorización del Principado. Por ello, y a la vista de los informes disponibles hasta el momento, descarta que exista relación de causalidad entre la actuación de la Administración autonómica y el accidente.