El Grupo Socialista en el Congreso ha registrado una solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones Públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la Covid-19.
Con esta fórmula pretenden despejar la nebulosa generada por el caso Koldo, una presunta trama de corrupción investigada por la Guardia Civil por posibles comisiones ilegales en la compra de mascarillas en cuyo epicentro se situaría el que fuera asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes; al tiempo que ponen el foco en otras administraciones, como la Comunidad de Madrid y el rol del hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.
Los socialistas defienden la necesidad de articular una comisión de investigación para, en primer lugar, esclarecer los hechos, las responsabilidades y enseñanzas sobre las condiciones en que se llevaron a cabo los procesos de contratación para, en segundo término, extraer conclusiones y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública con el fin de evitar posibles irregularidades en el futuro.
El objetivo del PSOE es doble: esclarecer los hechos para extraer conclusiones y plantear modificaciones legislativas.
El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Patxi López, ha insistido en que la legislación nacional sobre contratación pública puede ser susceptible de mejora en circunstancias determinadas. En este sentido, la iniciativa recoge que en un contexto en el que la demanda era enorme y la oferta no daba abasto, aparecieron “oportunistas, aprovechados y delincuentes” que sacaron provecho del caótico ecosistema.
“Aprovechando la urgente necesidad con que actuaban las administraciones, algunas personas especularon con los precios y cargaron al erario público comisiones abusivas, entre otras irregularidades. Durante los últimos años se ha tenido conocimiento público de hecho de esta naturaleza en relación con varias administraciones públicas de distinto nivel”, reza el documento.
Ante esto, el PSOE pretende analizar lo ocurrido y plantear modificaciones legales en sintonía que robustezcan el sistema en situaciones en las que se se atemperan algunos controles para acelerar el trámite.
“Cuanto antes”
La composición de la comisión de investigación sería la habitual, con tres representantes de PP, tres del PSOE, dos de Vox, dos de Sumar, y uno de cada grupo restante: ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Mixto. Sí que difieren los plazos.
Habitualmente, se establece una duración de seis meses en comisiones de investigación de este tipo, como ocurre por ejemplo en las tres relacionadas con Cataluña que se constituyen esta misma semana (Operación Catalunya, Atentados del 17-A y Pegasus). Para la comisión sobre las contrataciones de material sanitario durante la pandemia, el Grupo Socialista propone cuatro meses, prorrogables si así lo considera oportuno el Pleno.
Fuentes del PSOE explican a Demócrata que el motivo es que quieren esclarecer los hechos y adoptar las decisiones oportunas “cuanto antes”.
López ha optado por no confirmar si los socialistas citarán a Ayuso por los contratos relacionados con su hermano. Se ha limitado a esgrimir que será la propia comisión la que elabore su plan de trabajo, lo que incluye el listado de comparecientes.
Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, ha confirmado que su grupo apoyará todas las vías necesarias para dilucidar las responsabilidades tanto penales como políticas. No así el PP. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha afeado al PSOE que quisiera “esparcir culpas”.
Los populares ya registraron su propia comisión de investigación, aunque en su caso, en el Senado, y exclusivamente centrada en los contratos públicos relacionados con la intermediación de Koldo García.