El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha registrado alrededor de una veintena de enmiendas parciales al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la mayoría de carácter técnico y centradas en aclarar el reparto de competencias respecto a la legislación estatal.
Entre estas propuestas, destaca una enmienda de adición con la que se busca que las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ “tengan derecho a ser reconocidas y respetadas en su diversidad, identidad y orientación sexual” y a que se asegure la protección de sus derechos “en todos los ámbitos, en especial, en el ámbito social, familiar, sanitario, educativo, cultural o deportivo”.
En esta misma línea, los socialistas plantean que los poderes públicos presten “especial interés frente a las actitudes de odio y discriminación hacia este colectivo”.
Otra de las modificaciones propuestas afecta al reconocimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, de forma que el Estatuto recoja expresamente su “papel estratégico tanto en la formación superior, la investigación o la innovación, como, y en especial, la vertebración territorial, la cohesión social y el sentimiento de comunidad autónoma entre la ciudadanía”.
Matices sobre competencias y precisión jurídica
En el bloque de ajustes competenciales, el PSOE plantea cambios de redacción, por ejemplo, en lo relativo a la Inteligencia Artificial, con el fin de evitar que se le atribuya la condición de “competencia” propia de una administración. También propone que se tenga en cuenta la titularidad de los espacios naturales de Castilla-La Mancha a la hora de garantizar su uso y disfrute.
Con estas enmiendas, los socialistas buscan impedir interpretaciones que dejen fuera a entes instrumentales o entidades de derecho público que, aunque dispongan de personalidad jurídica propia, estén vinculados en la práctica a la Junta. Asimismo, se precisa que la participación de la Comunidad Autónoma en distintos procesos se llevará a cabo siempre dentro de los límites, procedimientos y condiciones fijados por la normativa estatal, con el objetivo de asegurar un reparto adecuado de competencias y la coherencia en las decisiones que afecten al conjunto del país.
Otras propuestas de redacción insisten en la importancia de reforzar la precisión jurídica y la coherencia con el marco normativo vigente que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Se especifica además el ámbito en el que las comunidades autónomas pueden desarrollar actuaciones con proyección exterior y se concreta que Castilla-La Mancha podrá integrarse en las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando se aborden asuntos de competencia o interés autonómico.
En ámbitos como la gestión ferroviaria o la regulación de las zonas de montaña, las enmiendas socialistas se limitan a perfilar los límites competenciales de la región para adecuarlos a la normativa en vigor. Del mismo modo, se introducen mejoras técnicas en otros apartados, como acotar la intervención del Gobierno autonómico en la explotación de recursos naturales cuando estos no sean compartidos con otras comunidades.