El Grupo Socialista en el Congreso ha rescatado la Proposición de ley para abolir la prostitución que registró la pasada legislatura y que decayó con motivo del adelanto electoral. El texto prohíbe el proxenetismo en todas sus formas y modifica el Código Penal para castigar dicha práctica con penas más elevadas y la tercería locativa.
La iniciativa consta de un único artículo que reformula el 187 del Código Penal. La actual redacción establece penas de dos a cinco años y multa de 12 a 24. Con la propuesta de los socialistas, las condenas se incrementarían, siendo de tres a seis años y multas de 18 a 24 meses.
La PL mantiene las penas de dos a cuatro años y la multa de 12 a 24 a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de la misma. El elemento clave de este punto es que elimina el concepto de explotación al que actualmente está sujeta esta condena, entendiendo que en estos casos siempre se da.
A día de hoy, Código Penal recoge la “explotación” concurre cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad personal o económica; y/o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
La propuesta socialista plantea que se imponga la pena en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso; aclarando que estas circunstancias concurren cuando el culpable se valga de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público (en cuyo caso, se aplicará además la inhabilitación absoluta de seis a 12 años); cuando perteneciere a una organización o grupo criminal; cuando hubiere puesto en peligro la vida o la salud de la víctima; y cuando la víctima se encuentre en estado de gestación.
Tercería locativa
La Proposición de ley incorpora un nuevo artículo 187 bis para castigar la tercería locativa. De esta manera, quien con ánimo de lucro o de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución, será condenado a penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 18 a 24 meses.
La pena se impondría en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso.
También se incluye un artículo 187 ter para regular las penas para los casos en los que se conviene la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero o de otras prestaciones. Las multas oscilarían entre los 12 y los 24 meses, comportando penas de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses si la víctima fuese menor de edad o una persona en situación de vulnerabilidad.
Por último, el articulado reconoce como víctimas a las personas en situación de prostitución, por lo que gozarían de todos los derechos de asistencia integral incluidos en la legislación sobre libertad sexual.
¿Hay mayoría?
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha deslizado que su intención es hablar “con todos los grupos que quieran abolir la prostitución en este país”. En sintonía, la diputada socialista Andrea Fernández invocó a todos para lograr «un gran acuerdo de país» que permita abolir la prostitución en España. El Partido Popular ya votó a favor del impulsado en la pasada legislatura, que era bastante semejante al actual. La pregunta es: ¿Qué hará Sumar?
Íñigo Errejón, portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar, aplazó fijar posición hasta analizar en profundidad el texto. Se limitó a recordar que esta iniciativa no formaba parte del acuerdo de Gobierno y a argumentar que no apoyarán “ninguna medida que pueda empeorar, precarizar o violentar las condiciones de las mujeres”.
Fuentes parlamentarias de Sumar critican la maniobra socialista, aquejando que el asunto divide no solo a su propio grupo parlamentario, sino al feminismo en general, por lo que consideran que no es el momento.
Tanto Errejón como fuentes de los Comunes dieron a entender que se intentará buscar una posición conjunta del grupo, para evitar la división que se dio en la legislatura pasada dentro de Unidas Podemos.