El Rey Felipe VI ha rubricado este martes en el Palacio de la Zarzuela la modificación del artículo 69.3 de la Constitución Española, por la que la isla de Formentera contará con un senador propio y dejará de compartir circunscripción electoral con Ibiza.
En el acto de sanción han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Maria Isabel Perelló.
Con esta firma, el jefe del Estado da luz verde a la entrada en vigor de la cuarta reforma de la Constitución Española de 1978.
El pasado 22 de abril, el Pleno del Senado dio el visto bueno definitivo a la reforma del artículo 69.3 de la Carta Magna para que la isla de Formentera disponga de un senador propio, una iniciativa que partió del Parlamento balear y que se tramitó por la vía exprés.
Durante la tramitación en el Congreso se incorporó un matiz para mantener en el texto constitucional la denominación Ibiza en castellano y no la forma Eivissa propuesta inicialmente por la Cámara de Baleares.
El nuevo apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española establece que corresponde un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
Además, se añade una disposición adicional única que fija que la efectividad de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera “quedará demorada” hasta las inmediatas elecciones a la Cámara Alta que se celebren tras la entrada en vigor de esta reforma constitucional.
En la exposición de motivos, el Parlamento balear sostiene que esta modificación de la Constitución busca que “queden reconocidas” de forma efectiva en el Senado “las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva”.
También se subraya el papel de las islas para que una medida de este tipo “se considere una buena reforma constitucional”, asumida “como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España”.