QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Constitución iba camino de celebrar su primer aniversario, Adolfo Suárez había vuelto a ganar las elecciones generales y la I Legislatura echaba a andar: era julio de 1979. Y entre el día 23 y el 28 de ese mes, se celebró en el Congreso un Pleno “escoba” con el que el recién elegido segundo gobierno de Suárez pretendía dejar cerrada toda su agenda legislativa antes de las vacaciones de verano.
Por el lado político-judicial en esos días se produjo un intenso debate en relación al Tribunal Constitucional (TC). Pero antes de que concluyera el primer período de sesiones del año, el gobierno también quiso llevar al Pleno el Plan Energético Nacional.
Las sesiones se prolongaron durante 36 horas, extensión suficiente como para alzarse en el podio de los más largos en aquellas primeras legislaturas caracterizadas por una actividad frenética. Más allá de la duración, o de los temas de gran calado que se abordaron, una de las anomalías de ese pleno residió en que se levantó la sesión un sábado a las nueve de la noche.
Tan extraordinario resulta que se celebre una sesión en fin de semana, que en los últimos treinta años solo tres Diarios de Sesiones arrancan con la fórmula “celebrada el sábado» y todas ellas motivadas por debates de investidura: José María Aznar en 1996, Mariano Rajoy en 2016 y Pedro Sánchez en 2020.
El Reglamento del Congreso, en su artículo 62 señala que las sesiones, por regla general, se celebrarán en días comprendidos entre el martes y el viernes, ambos inclusive, de cada semana. Aunque no obstante podrían celebrarse en días diferentes de los señalados por acuerdo de los grupos parlamentarios, la junta de portavoces, la Mesa del Congreso.
Muchas primeras veces
Aquel lunes 23 de julio, el primer punto del orden del día era el debate del dictamen la Ley Orgánica que debía regular el funcionamiento del TC. Se trataba de la primera ley orgánica y por tanto del primer proyecto que iba a ser sometido al quórum extraordinario (mayoría absoluta) recogido en el segundo párrafo del art. 81 de la Constitución, aprobada meses atrás.
El debate fue especialmente tenso y bronco. El proyecto había sido tramitado por proceso de urgencia, recortando a la mitad los plazos, para desagrado de la oposición.
«Salgo para hablar en serio, aún sabiendo que no se me va a escuchar», con estas palabras premonitorias del tono duro de su intervención, Santiago Carrillo portavoz del Partido Comunista puso en duda la legitimidad de la norma. “Una ley orgánica no puede aprobarse en las condiciones en que se está intentando aprobar ésta”, afirmó desde la tribuna.
Carrillo afeó al Gobierno de Suárez haber renunciado a un consenso, «como se ha hecho en torno al Estatuto Vasco, como se ha hecho en torno a la Constitución y en torno a las decisiones serias que se han tomado en este Congreso desde que existe». Y lanzó una advertencia ante las posibles tentativas del Ejecutivo de seguir legislando bajo estos términos: «Esas leyes nacerán sin ningún prestigio y sin ninguna autoridad».
El poder de una mayoría fenecida
No obstante, las diferencias no solo se encontraban en el cómo, sino también en el qué. Por parte del Grupo Socialista, tomó la palabra Félix Pons Irazazábal para poner el foco y alertar sobre los posible crisis institucionales: “Cuando se suscita un conflicto de atribuciones de la naturaleza y de la intencionalidad del que la ley parece contemplar, en el que estén implicados el Congreso o el Senado, la trascendencia política de ese conflicto será infinitamente superior a su trascendencia jurídica y quedará absorbida”.
«El Tribunal debe defender la Constitución, pero no puede convertirse en instrumento para marcar pautas de actuación al Parlamento», sentenció Pons.
El comunista Jordi Solé Tura, respecto al carácter del órgano que se estaba definiendo, lanzó una advertencia desde la tribuna: “Estamos creando un órgano político que puede prolongar mayorías desaparecidas y que puede hacer que en un futuro Congreso de Diputados, cuando la mayoría cambie, por inercia siga existiendo un órgano de control político que responda a la mayoría fenecida”. Un presagio que con el paso de las décadas se ha demostrado cierto.
Un espectáculo de votación
El momento de la votación tampoco estuvo exento de tensiones. Al ser una ley orgánica, se necesitaba para su aprobación mayoría absoluta y la ausencia de algunos diputados del Grupo Centrista ponía en riesgo las cuentas. La oposición a sabiendas que tenía sus enmiendas perdidas las retiro para llegar cuanto antes a la votación final. Pero frente a esta maniobra, la UCD propuso votación artículo por artículo.
Para Gregorio Peces-Barba (PSOE), se trataba de «una táctica de filibusterismo parlamentario inaceptable», teniendo en cuenta que el proyecto se había tramitado por vía de urgencia.
Un perplejo Peces-Barba, como reflejan las intervenciones y acotaciones del Diario de Sesiones, llegó a proponer al Gobierno «darles todo el tiempo que quieran para que tengan a todos sus diputados aquí para votar, antes que continuar con este lamentable espectáculo».
En el PCE compartían el mismo parecer por lo que Solé Tura recogió el cable del que había sido su compañero de ponencia constitucional: «Apoyaría lo que dice el señor Peces-Barba, dígannos ustedes a qué hora van a llegar sus Diputados; nos vamos todos al bar y así tenemos todos la fiesta en paz»
Finalmente, el conjunto del proyecto se votó al día siguiente y salió adelante gracias al sí de UCD, PNV y CiU, con la abstención de Coalición Democrática y pese al voto en contra de socialistas, comunistas y andalucistas.
Una votación celebrada días después de la aprobación del Estatuto Vasco en la Comisión Constitucional y en proceso de negociación del de Cataluña. Es por ello, que el apoyo logrado por el ejecutivo de Suárez suscitó el receló de los socialistas, hasta tal punto que Peces-Barba para distanciarse de los nacionalista llegó a afirmar que sus voto no iban a ser «en ningún caso mercancía».
Presos y diputados
El marte 24 se escenificó una gran división en torno a una Ley Orgánica, la del Tribunal Constitucional, pero también se logró casi unanimidad en la del Proyecto de Ley General Penitenciaria: 286 votos emitidos, 284 a favor y 2 abstenciones. Las abstenciones corrieron a cargo de dos diputados socialista: Manuel Marín González y Juan Luis Colino Salamanca.
Superadas las discusiones técnicas al hilo de las enmiendas presentadas por los grupos al Dictamen procedente de la Comisión de Justicia, los diferentes portavoces se congratularon de la aprobación de la norma. El comunista Josep Solé Barberá celebró el consenso e insistió en el principio sobre cual se había articulado el texto: «hemos intentado que el preso, en ningún momento, pierda la idea de que ha dejado de ser un ciudadano».
Alberto Estella Goytre (UCD) también tuvo palabras de agradecimiento a los parlamentarios que «con la experiencia personal que tienen de las cárceles han contribuido a mejorar notablemente este proyecto de ley»
La jornada que incluyó el debate de otros dos dictámenes sobre el Proyecto de Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables y el de Regulación del Régimen Transitorio de la Imposición Indirecta, concluyó al anochecer. Entonces el presidente de la Cámara anunció que la sesión se reanudaría el jueves, teniendo así sus Señorías un día de descanso (miércoles 25) para reponerse.
Economizar los tiempos
Junto al TC, el plato fuerte de la semana era el Plan Energético Nacional (PEN), que se debatió para lamento del socialista Miguel Boyer como último punto del orden del día. De modo que la discusión no pudo iniciarse hasta el viernes a las nueve de la noche y se prolongó hasta la una de la madruga cuando la sesión se levantó y se convocó de nuevo a los diputados para la mañana siguiente.
Todo ello, a pesar de que por parte de la Presidencia de la Mesa, se sugirió al inicio del debate ligereza en el uso de la palabra para «dar la mayor agilidad al debate y economizar al máximo posible los tiempos«. Landelino Lavilla añadió que el acuerdo no era rígido, pero rogó a los Grupos que lo respetasen y no utilizasen en términos generales ni los turnos en contra, ni las explicaciones de voto.
Unas prisas que para Boyer no resultaron aceptables en un proyecto que «es para nada menos que para los próximos diez años«, que había tenido una «gestación larguísima» y que iba a ser tramitado en pocas horas».
Por ello al inicio de su intervención el socialista expresó su malestar: “Mala fortuna la de nuestro proceso parlamentario, que por torpeza nuestra o por la situación de peripecia del orden del día hace que temas de la importancia del Plan Energético Nacional o del Presupuesto del Estado tengan que ser degollados y liquidados en sesiones apresuradas, en las cuales estamos -como en esta- en el límite extremo de la sesión extraordinaria y cansados”.
El triángulo entre Javier Solana (PSOE), Ramón Tamames (PCE) y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD) protagonizó gran parte de un debate de guante blanco. Entre réplicas de fondo por la propuesta nacionalizar la Red de Alta Tensión (RAT) o el futuro de las centrales nucleares, fueron frecuentes los momentos cargados de retórica entre portavoces a los que unía mucho más que la condición de diputados.
Por ejemplo, Herrero y Rodríguez de Miñón le dijo a su «querido amigo, el señor Solana» que de tantos elogios que se estaban profesando en aquella sesión tenían «una Empresa de Bombos Mutuas entre los dos».
El sábado 28 de julio a las nueve de la noche se dio por concluido el «superpleno escoba». No sin que antes el presidente del Congreso agradeciera «al personal de servicio en la Cámara el esfuerzo, especialmente intenso y extenso, que le hemos impuesto en estos días, que ha cumplido con eficacia y con entusiasmo» y deseara un feliz descanso en el mes de agosto a todos los diputados.
