El vicesecretario y el interventor general del Ayuntamiento de Alicante han notificado que no asistirán el 22 de mayo a la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), creada a raíz de la controversia del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Este complejo, levantado en un suelo de titularidad municipal, está bajo la lupa de una jueza por las adjudicaciones de sus viviendas. A esta negativa se suma la de una funcionaria del Patronato Municipal de la Vivienda, responsable de Gestión y Coordinación, que también ha comunicado que no comparecerá el 8 de junio.
En relación con la sesión prevista para el 22 de mayo, la postura de estos dos altos cargos se añade a la del exjefe del Servicio de Asesoría Jurídica, que ya había avanzado que no se presentaría. Hasta la fecha, en las distintas reuniones de este órgano solo ha declarado un técnico ya jubilado y, en la última convocatoria, tampoco acudieron el exalcalde del PSPV Gabriel Echávarri, la edil del PP Mari Carmen de España ni varios exconcejales.
De acuerdo con la documentación consultada por Europa Press, el vicesecretario sostiene en el escrito donde anuncia su ausencia que entre sus “funciones” no figura la de comparecer “en dichas comisiones”.
“Respecto a mi conocimiento sobre este tema, me remito al expediente de averiguación de hechos instruido al efecto por esta Vicesecretaría”, añade, en referencia al expediente interno que le encomendó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, sobre la enajenación de la parcela municipal donde se construyeron las VPP de Les Naus.
Informe sobre el alcance de la comisión
En un informe posterior, el vicesecretario concluyó que la comisión de VPP “no tiene atribuida por ley ninguna facultad de investigación”, de modo que, a su juicio, “su función ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos”.
Asimismo, apuntó que “realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar” determinados “derechos”, según recoge el documento, fechado el 31 de marzo.
En ese mismo informe se detalla que el presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar, del PP, fue quien reclamó este dictamen “relativo a la obligación de declarar por parte de las personas llamadas a esta finalidad”.
El vicesecretario interpretó que “solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso” y que “el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria”.
Por otro lado, el interventor general del consistorio ha trasladado en otro escrito que no acudirá a la sesión “porque los próximos días 21 y 22 de mayo” estará “ausente de Alicante”.
Con este panorama, en el que ya han anunciado que no acudirán el vicesecretario, el interventor general y el exjefe del Servicio de Asesoría Jurídica, queda por saber si finalmente se presentará un inspector de la Policía Local. Este cuerpo llevó a cabo inspecciones en Les Naus después de que trascendiera la polémica por las adjudicaciones.
Por su parte, la otra funcionaria ha justificado su “no comparecencia” en la comisión del 8 de junio “al considerarse cumplido el deber de información mediante la dación de cuenta de los asuntos objeto de la misma efectuada ante el consejo rector del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2026, órgano en el que se encuentran representados todos los grupos municipales”.