El PSOE ha pactado con Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y BNG (Mixto) ocho enmiendas a la Proposición de ley de Amnistía de carácter eminentemente técnico, aunque también se incluyen matizaciones: se excluye de la cobertura de la amnistía los delitos de lesa humanidad y el genocidio, se eliminarán del registro de infracciones las multas y se establece que se podrá aplicar en cualquier momento del procedimiento penal, también en los juicios orales. Junts se ha desmarcado y ha optado por presentar las suyas propias; mientras que ERC ha impulsado otras cuatro en solitario por “falta de tiempo” para transaccionar. Ambos proponen que la amnistía abarque todos los delitos de terrorismo atribuidos al independentismo, pero los socialistas lo rechazan.
Para terminar de cerrar el texto, los grupos que han firmado las enmiendas conjuntas han corregido un error de la Exposición de motivos. Esta incluía a Austria en la lista de países que no citan expresamente la Amnistía a pesar de que sí lo hace. Yerros aparte, plantean modificar el artículo 1 para no circunscribir las acciones susceptibles de ser amnistiadas a aquellas relacionadas con las consultas del 9 de noviembre del 2014 y el 1 de octubre del 2017. En su lugar, incluirían todas las “acciones ejecutadas entre estas fechas [1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023] en el contexto del denominado proceso independentista catalán, aunque no se encuentren relacionadas con las referidas consultas o hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. De esta manera, el abanico de conductas amnistiadas sería mayor.
Se enmendaría el artículo 1 también para incluir entre los actos amnistiados aquellos ejecutados a través de la prensa, de la imprenta, de un medio de comunicación social, de internet o de actividades educativas.
El artículo 2, que enumera las exclusiones, se vería modificado para dejar fuera los delitos contra la comunidad internacional comprendidos en el título XXIV del Libro del Código Penal, esto es, genocidio y lesa humanidad.
Los grupos han acordado clarificar que son los órganos conocedores de las causas los que aplicarían el levantamiento de medidas cautelares y las órdenes de detención; eliminar del Registro Central de Infracción contra la Seguridad Ciudadana las derivadas de las acciones susceptibles de ser amnistiados; y dejar claro que la amnistía se podrá aplicar “en cualquier momento”.
Junts, algo más que sutilezas técnicas
La formación independentista que lidera Carles Puigdemont se ha desmarcado del acuerdo de las ocho enmiendas impulsadas por el bloque de la investidura. Junts ha presentado una docena (dos a la Exposición de motivos, ocho al articulado y dos disposiciones adicionales nuevas). Esgrimen que se trata de mejoras técnicas, aunque las entrañas de sus enmiendas revelan algunas modificaciones que alterarían el texto inicial.
Exigen que no haya excepciones a la hora de aplicar la amnistía, con la salvedad de los delitos de lesa humanidad y genocidio, que también excluirían, y percuten para ampliar las fechas que contemplan fijando el punto de partida en el 1 de noviembre del 2011 y no en el 1 de enero de 2012.
Junts quiere ampliar la fecha de las acciones amnistiadas, situando el punto de partida en el 1 de noviembre del 2011 y no en el 1 de enero de 2012.
Junts pretende blindar la iniciativa para que se garantice su aplicación inmediata, que no quepan interpretaciones judiciales y evitar que una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueda paralizar cualquier proceso. Precisamente, este punto fue el que generó reticencias en el seno de Junts con respecto al decreto ómnibus, que recogía precisamente que la cuestión prejudicial paralizaría cualquier caso (algo que, en la práctica, ya ocurre).
Por último, plantean eliminar de la Proposición de ley el punto en el que se menciona que no cabrá la restitución económica de las multas abonadas, lo que abriría la puerta a posibles reclamaciones.
Los de Puigdemont presionan para que las multas abonadas puedan ser restituidas, algo que también pide ERC.
Desde el grupo parlamentario, aseguran que continuarán negociando para intentar incluir sus propuestas antes de la aprobación definitiva de la ley. La primera fecha marcada en rojo es este mismo jueves 18 de enero, día en que se reunirá la ponencia. El otro hito se ha agendado para el martes 23, cuando se celebrará la comisión de Justicia.
ERC juega su prórroga
El Grupo Parlamentario Republicano ha impulsado, además de las ocho enmiendas conjuntas, otras cuanto de forma independiente. Argumentan que no ha dado tiempo a transaccionarlas y esperan poder pactarlas durante la ponencia y la comisión.
En concreto, las enmiendas de ERC implicarían suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible, a la vez que se garantiza la inclusión de todos los casos; eliminar el umbral de gravedad que se establece en la exclusión de las torturas y tratos degradantes ya que para, los republicanos, supeditar la exclusión de estos actos a un umbral de gravedad da margen de interpretación a los jueces; establecer que la Generalitat pueda devolver las multas de la ley Mordaza; y por último, añadir que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que hagan levantar las medidas cautelares de un procedimiento (como por ejemplo la prisión preventiva o las órdenes de detención), sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE.
No a todo y, ¿fuera de plazo?
El Partido Popular, que ya presentó una enmienda de totalidad que no prosperó, ha registrado 20 enmiendas parciales con el objetivo de desactivar la iniciativa. Alegan que es “inconstitucional” y, en consecuencia, todas las enmiendas son de supresión al articulado.
Asimismo, ha denunciado que las enmiendas conjuntas de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el Mixto (BNG) han sido registradas fuera de plazo, por lo que los representantes del Grupo Popular en la Mesa de la comisión de Justicia lo han hecho constar y urgen a no aceptarlas. Anticipan, de igual forma, que elevarán un escrito a la Mesa pidiendo los informes técnicos y jurídicos oportunos que aclaren el motivo por el que la Cámara ha aceptado la presentación de esas enmiendas.
En los documentos originales, se observa que el plazo había expirado un segundo antes, ya que el sello refleja la siguiente hora: “18:00:01”.