QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Teresa Jordà, viceportavoz de ERC en el Congreso, ha exigido al Ejecutivo que actúe «pronto» y «en su totalidad» sobre el convenio establecido con el PSC que promete una financiación exclusiva para Cataluña, incluyendo una reducción de deuda y una agencia fiscal propia, señalando que esto es fundamental antes de discutir otros temas como los Presupuestos Generales.
Este llamado fue hecho por Jordà durante una sesión de la Diputación Permanente del Congreso, en la cual se solicitó que María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, explicara urgentemente los detalles de esta financiación especial para Cataluña, que según Juan Bravo del PP, nunca estuvo presente en los programas electorales del PSOE.
INCUMPLIMIENTO CRÓNICO DE INVERSIONES
Jordà también denunció un «incumplimiento crónico» de las inversiones prometidas en Cataluña y criticó el actual sistema de financiación autonómica, que debería haberse actualizado hace más de una década. Destacó que Cataluña sufre un «déficit fiscal de más de 22.000 millones de euros anuales, eso es superior a un 9% del PIB».
El propósito de ERC es incrementar la soberanía fiscal de la Generalitat de Cataluña, incluyendo la administración de la recaudación y control sobre los recursos financieros, mediante la creación de una agencia tributaria propia.
Por su parte, desde Junts, Marta Madrenas ha señalado que la condonación de deuda es apenas una pequeña parte de lo necesario y su foco principal es abordar lo que considera un «maltrato económico sistémico de España hacia Cataluña» y la desviación de fondos que deberían beneficiar a esta comunidad hacia otras regiones, empobreciendo directamente a los ciudadanos catalanes.
PSOE: LA QUITA DE DEUDA ES JUSTA
Patricia Blanquer, del PSOE, ha tachado de «hipócrita» la postura del PP, que califica la financiación especial de Cataluña como un «chantaje», mientras que defiende la condonación de deuda como una medida «excepcional» que ayudará a liberar recursos para los servicios públicos.
Finalmente, Blanquer cuestionó si el liderazgo nacional del PP permitiría que otras comunidades gobernadas por ellos se beneficien de medidas similares.
