ERC impulsa una Proposición de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria prohibiendo la reventa a pérdidas

La formación catalana también plantea dotar de mayor poder negociador a cooperativas y entidades asociativas, así como establecer el valor de los diferentes eslabones

La portavoz adjunta de Esquerra Republicana (ERC), Teresa Jordà, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados | GABRIEL LUENGAS (EUROPA PRESS).

LLa portavoz adjunta de Esquerra Republicana (ERC), Teresa Jordà, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados | GABRIEL LUENGAS (EUROPA PRESS).

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria con el objetivo de resolver la posición de dominio y establecer el valor de los diferentes eslabones que la conforman, desde el productor, pasando por la industria, hasta la distribución.

La formación catalana plantea varias modificaciones a la vigente legislación (Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria), entre otras cosas, para prohibir la práctica comercial de la reventa a pérdidas, recogido ya en la Directiva de abril de 2019.

Para ello, se incorporaría un nuevo artículo 12 quater que, además de prohibir la reventa a pérdidas, añade en su definición tanto el precio de compra del producto como los costes fijos y variables de la comercialización de los alimentos. Cada operador deberá pagar un precio igual o superior al coste de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador.

En consonancia con esta nueva regulación, se modifica también el artículo 23 de manera que la reventa a pérdidas pasa a considerarse una infracción grave en materia de contratación alimentaria.

La reventa a pérdidas pasaría a considerarse una infracción grave.

Poder negociador

Una de las claves del texto es la modificación planteada a los artículos 9 y 12 ter para dotar a las cooperativas y a las entidades asociativas de mayor poder negociador.  Para ello, proponen incluir los costes reales de producción de los productores que integran las entidades asociativas en el cálculo de producción, a nivel de entidad asociativa.

En concreto, se establece que el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o la cooperativa u otra entidad asociativa o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, entre otros, el coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos para los animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos y productos financieros, trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el propio productor o por miembros de su unidad familiar y otros costes de funcionamiento de la cooperativa u otra entidad asociativa.

Se establece que el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor

Simplificación

ERC plantea simplificar el registro de contratos alimentarios, eliminando la obligación del registro inmediato y dando un plazo de tres meses desde la entrega del producto objeto del contrato cuando se trate de un contrato con entregas continuadas, o de un mes cuando se trate de entregas puntuales.

Por otro lado, la nueva Disposición Adicional octava propuesta establecería un porcentaje de cuota de mercado del 8% como indicativo de posición dominante lo que supondría poder para actuar con una considerable independencia frente a sus competidores, clientes y, en última instancia, frente a los consumidores.

Se incluye también una nueva Disposición adicional, la novena, que referencia un mecanismo de definición de estándares de costes medios de producción, homologables para toda España, con el fin de que sirvan de partida para la negociación y formalización de cualquier contrato.

De igual forma, aspiran a aplicar el coeficiente inicial de los costes fijos y variables será del 10% hasta que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación determine el coeficiente o coeficientes aplicables por producto o sector.

Por último, la iniciativa apuesta por aligerar las cargas burocráticas generadas por el actual registro de contratos alimentarios, que suponen una traba que dificulta la actividad laboral diaria de los operadores de la cadena y no es una herramienta útil.

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