QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Esta semana es clave para el futuro energético del país. El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible llega al Pleno del Congreso con las enmiendas introducidas por el Senado, que no son pocas. El Partido Popular recurrió a su mayoría absoluta para integrar 86 enmiendas que, entre otras cosas, suprimen el cierre de las centrales nucleares.
Una de las modificaciones de los populares frena el cese definitivo de explotación de las nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrantes. Alegan que se ha de continuar con la contribución de la energía nuclear en el mix energético para facilitar la movilidad y el transporte sostenible. Corresponde al Congreso dilucidar si se mantiene o no, y la llave la tienen Vox y Junts.
La formación liderada por Santiago Abascal se posicionó en contra del Proyecto de Ley desde el principio. En el Senado, fueron los únicos que defendieron el veto a la iniciativa. Superada dicha fase, lo que el jueves vota el Pleno de la Cámara Baja no es la norma como tal, sino las enmiendas de la Cámara Alta. ¿Qué hará Vox?
Fuentes del partido prefieren no confirmar el sentido de sus votos. Sin embargo, su posición siempre ha sido cristalina: a favor de la energía nuclear. Tanto es así que votó ‘sí’ en la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Popular sobre energía nuclear.
Con PP (137), Vox (33) y el siempre fiel UPN (1) los votos a favor de no cerrar las centrales nucleares ascienden a 171. En contra se esperan 172 de PSOE (120), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto José Luis Ábalos (que suele mantener la disciplina de voto), Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos.
En consecuencia, todo depende de un Junts que ha formalizado la ruptura con el Gobierno. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible figura entre los que salvarán por haber sido previamente acordados. Nuevamente, el jueves no se vota la iniciativa como tal, sino las enmiendas del Senado.
El grupo catalán no desvela qué botón pulsará. Si mantiene su apoyo al articulado tal y como lo elaboró el Gobierno y salió del Congreso, se decantarían por el ‘no’, condenando la enmienda del PP.
Otra opción es la abstención, que de hecho, fue lo que Junts votó en la antecitada toma en consideración de la PL del PP para frenar el cierre de nucleares. Permitió el avance de la iniciativa, pero porque hasta cinco diputados del bloque de investidura no votaron. En esta ocasión, la abstención daría al traste con la enmienda popular, pero el margen es tan ajustado que un solo equívoco o ausencia decantaría la balanza.
¿Y el resto de enmiendas?
Los socios habituales del Gobierno acordaron con el PP decenas de enmiendas. El PSOE únicamente apoyó una del PNV, la que posibilita que en una posición ya ocupada por un consumidor y que tenga aún potencia ociosa puedan conectarse más empresas. Esta modificación comprometería al Gobierno a, en el plazo de seis meses, aprobar un Real Decreto que desarrolle un mecanismo para la alimentación de demandas firmes que favorezca esa conexión. Asimismo, otra enmienda, facilitará que una posición pueda cambiar su uso o finalidad aunque no estuviera así definido previamente en la planificación, de forma que los distribuidores que ahora no pueden conectarse a la red puedan incorporarse cuando haya proyectos “que hayan presentado madurez y firmeza”.
El porvenir del resto de enmiendas no solo depende de que el PP mantenga su apoyo, sino de que Vox haga lo propio, lo cual está por ver. Algunas de las enmiendas más relevantes que hay en juego son:
Licitaciones desagregadas, la victoria de ERC
Tal y como avanzó Demócrata, las conversaciones entre ERC y el PP se intensificaron a cuenta de la enmienda número 69 sobre licitaciones desagregadas. La formación catalana ya la impulsó en el Congreso, pero no logró que prosperara.
Esta modificación plantea que, en el caso de las concesiones por parte de las diferentes administraciones públicas, especialmente en redes estatales de carreteras, se separen en lotes donde se diferencie entre estaciones de recarga para vehículos eléctricos (electrolineras), estaciones de repostaje de combustible (gasolineras) y actividades comerciales y de restauración.
No es la única que el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, conformado por ERC y EH Bildu, logró meter. El PP también les apoyó otras ocho enmiendas (58, 60 a 64, 67 y 69). Estas proponen un mínimo del 15% de contribución de la Administración General del Estado (AGE) a los costes operativos del transporte urbano; un Plan de despliegue de puntos de recarga de vehículos eléctricos en pequeños y medianos municipios; promocionar el transporte ferroviario de personas; comprometer al Gobierno a elaborar en un plazo de seis meses una Estrategia de Financiación del transporte público; y el impulso del transporte a demanda en las zonas rurales para garantizar el derecho a la movilidad en las zonas rurales despobladas.
Junts y sus 16 enmiendas
Junts fue de los que más tajada sacó, con hasta 16 enmiendas. Tras romper con el PSOE -y de facto con el Gobierno-, la formación catalana se puso manos a la obra para negociar con el PP en el Senado.
Los de Carles Puigdemont, con el senador Joan Baptista Bagué al frente, han incorporado al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible varias de sus prioridades. En primer lugar, la creación de un Programa de descarbonización acelerada de las flotas de buses interurbanos. En caso de que el Congreso la mantenga, el Ejecutivo deberá aprobar en un plazo de seis meses un Real Decreto con un Programa plurianual de ayudas para la sustitución y ampliación de las flotas de operadores de líneas regulares y autonómicas con el fin de permitir al sector del transporte colectivo interurbano de viajeros acelerar su proceso de transición hacia entornos de economía verde, así como conseguir alcanzar cuanto antes el objetivo de que un mínimo del 50 % de vehículos de las flotas de transporte interurbano sean de emisiones “0” (100 % eléctricos, gas o biogás, otros biocombustibles y motorizaciones “0” emisiones).
El PP también ha aceptado la supresión de la obligatoriedad de que las administraciones públicas deban facilitar información a la OFVA central; así como un paquete de enmiendas para proteger las competencias autonómicas.
De igual forma, se han añadido al texto dos relacionadas con el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), en concreto, para que esta centralización permita que los datos que afecten a territorios autonómicos sean gestionados de forma compartida por las CCAA y el EDIM; y que las CCAA participen en la planificación de las infraestructuras de transporte de competencia estatal.
