El Gobierno se juega mucho más que una ley en el Pleno del próximo miércoles. El dictamen del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible no tiene los votos garantizados por el rechazo de Podemos, que si se sumara al ‘no’ de PP, Vox y UPN, darían al traste con una iniciativa muy trabajada (desde la pasada legislatura) y que tiene vinculados 10.000 millones de fondos europeos que tiene vinculados, por no hablar de lo tocado que quedaría el Ejecutivo ante otra notable y sonora derrota. Con este escenario como telón de fondo, Moncloa está llamando a todas las puertas posibles (a excepción de Vox) en busca de apoyos a uno de sus principales pilares verdes.
Contando con que José Luis Ábalos, exsocialista adscrito al Mixto, mantiene la disciplina de voto -como viene haciendo-, las cuentas son 175 (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y Águeda Micó -con quien también se está hablando porque no ha confirmado su posición-) a 175 (PP, Vox, Podemos y UPN). Un solo voto podría decantar la balanza. Un error de un diputado del PP y las cuentas salen, como ya ocurriera con Alberto Casero y la reforma laboral. Tan ajustado está que el Grupo Socialista apura las negociaciones en busca de botín.
Así las cosas, según ha podido saber Demócrata, han intentado abrir la vía de UPN; aunque con infructuoso resultado. “No hay negociación abierta”, dicen desde la formación navarra, descartando cualquier atisbo de posibilidad.
Tras llamar a esta puerta y advertir que no hay voluntad alguna de respaldar la iniciativa, los socialistas están intentando hablar con el Partido Popular y, fundamentalmente, con Podemos.
Los morados insisten en que su postura sigue siendo la misma. Sin desvelar si finalmente se decantarán por el ‘no’, lamentan que el dictamen es muy descafeinado y que el Gobierno conoce el precio para tornar su voto en positivo desde hace semanas; y no es otro que detener las ampliaciones previstas del aeropuerto de El Prat y del puerto de Valencia, un coste inasumible para el Ejecutivo.
El PSOE ha trasladado calma al resto de socios habituales. Aseguran que siguen negociando y que esperan que el proyecto de ley no decaiga. La cuestión es, si ocurre, ¿qué pasaría con los 10.000 millones de euros de fondos europeos que lleva vinculados?
Según fuentes de los socios consultadas por Demócrata, el Gobierno está tranquilizando a los grupos apuntando a que tienen previsto intentar meterlos en otra iniciativa. ¿Se puede? Sí. La clave está en que el desembolso no está vinculado como tal a la Ley de Movilidad Sostenible, sino al cumplimiento de una serie de hitos, en este caso en materia de movilidad. Y si bien el Ejecutivo pretendía cumplir esos objetivos a través de la Ley de Movilidad Sostenible, se puede incluir en otras normas.
Lo que hay en juego
Independientemente de los fondos europeos, lo cierto es que el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible tiene en vilo a varios sectores relacionados con la movilidad; entre otros, las electrolineras, cuya inversión se pondría en jaque en caso de aprobarse el dictamen en los términos actuales ya que otorgarían cuota de mercado a gasolineras.
La ley pretende avanzar hacia la descarbonización, impulsar las autopistas ferroviarias, articular un sistema de bonificaciones en los cánones ferroviarios, apostar por la electrificación de puertos, exigir a las empresas disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo y fijar objetivos vinculantes de mitigación, entre otros asuntos como la mejora de la movilidad en Canarias.