QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Puede ser la primera derrota del Gobierno esta legislatura. Sería, de hecho, el primer proyecto en caer desde que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno en junio de 2018, a excepción de los fallidos Presupuestos de 2019.
La reforma de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana afronta este jueves su primera votación parlamentaria, con el debate de las enmiendas de totalidad de Esquerra Republicana, Junts y Podemos, que piden su devolución.
¿Qué proyecto es?
El proyecto de ley reforma la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, fundamentalmente para evitar la anulación total de los planes generales de ordenación urbana por cualquier defectos de forma y de procedimiento, y la de todos los actos administrativos que lo desarrollan.
Los planes urbanísticos tienen la misma consideración que la de un reglamento, y eso conlleva que cualquier vicio implica su nulidad de pleno derecho. Para evitar que eso ocurra, el Ministerio de Vivienda distingue una serie de supuestos formales o de procedimiento que conllevarían la nulidad. Cualquier otro implicaría su posible anulabilidad pero podría ser subsanado en el plazo de un año, con prórroga de seis meses.
Además, se acotan las consecuencias de una anulación, al posibilitar anulaciones parciales –cuando el vicio causante pueda acotarse a un ámbito territorial o afecte a preceptos sin relevancia con el resto del plan– y evita la nulidad en cascada al salvar actos o disposiciones que desarrollen el plan cuando no tengan relación directa con la causa de anulación.
La reforma es una vieja reivindicación de las administraciones autonómicas y locales ante la fragilidad de estos instrumentos, especialmente tras el esfuerzo que exige su aprobación. La anulación de planes y la facilidad con la que son anulados ha provocado, aseguran en el Ministerio de Vivienda, que muchos responsables municipales no se impulsen a renovar sus planes, lo que provoca que muchos de los vigentes estén, en la práctica, desfasados y no atiendan a las necesidades actuales de movilidad o vivienda de las ciudades.
En este Ministerio señalan cómo la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulsó por unanimidad un manifiesto solicitando esta reforma, a la que se adherieron la práctica totalidad de comunidades autónomas, entre ellas la Xunta de Galicia gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo.
¿Por qué está en el aire su continuidad?
El proyecto de ley afronta su primera votación, la de sus enmiendas a la totalidad, con tres socios de investidura solicitando su devolución: ERC, Junts y Podemos. El PSOE decidió dar carpetazo a este plazo a finales de marzo, en plena precampaña de las elecciones catalanas, hecho que para ERC supuso ya «una desagradable sorpresa».
En esta formación justificaron su enmienda por desoír el Gobierno toda consideración de la Generalitat de Catalunya ante posibles invasiones competenciales y la «falta de transparencia» al preparar la norma con ERC y el propio Govern.
Desde Junts recuerdan que el Estatut reconoce las competencias de urbanismo como competencia exclusiva autonómica y ven una «extralimitación inaceptable» la invocación del Gobierno a la garantía de igualdad de todos los españoles para justificar la norma.
Podemos, por su parte, justificó su enmienda en que la reforma supone «volver a la cultura del ‘pelotazo'». Los ‘morados’, al igual que las formaciones independentistas, no se refieren a la reforma para salvar planeamientos urbanísticos, sino en las medidas que complementan la iniciativa.
¿Qué otras medidas incluye el proyecto?
Junto a las modificaciones ya mencionadas, el proyecto altera el régimen de permisos de determinadas actuaciones urbanísticas, al convertir el silencio negativo al que están sujetas en silencio positivo. Este cambio implica que no se exige el visto bueno expreso de la Administración. Si en un determinado plazo ésta no se ha pronunciado desfavorablemente, el interesado tendrá vía libre para acometer la actuación.
En la presentación del proyecto el Gobierno aseguró que el único cambio en este sentido es en las obras de edificación de nueva planta cuando se trate de vivienda protegida promovida por el sector público.
Sin embargo, la modificación de la Ley del Suelo también afecta a una batería de actuaciones que, cuando se proyecten sobre suelos en situación de urbanizado (no rural), estarán sometidos a silencio administrativo positivo. Es el caso de movimientos de tierras, explanaciones, construcciones e instalaciones de nueva planta o ubicación de casas prefabricadas.
Desde el Ministerio justifican este cambio en la incapacidad de la legislación estatal de determinar procedimientos en materia urbanismo, atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional que en 2017 anuló varios preceptos de esta norma. Los movimientos de tierra y explanaciones, en todo caso, habían quedado fuera de la anulación.
Esta modificación solivianta a Podemos y Sumar. Los primeros ya advirtieron a Vivienda de que, si llevaba el proyecto en las mismas condiciones que la pasada legislatura –no llegó al Congreso pero sí se presentó un borrador–. Y los segundos, que ya presentaron observaciones en el Consejo de Ministros para evidenciar su disconformidad, han decidido apoyar las enmiendas a la totalidad para tumbar la norma.
Ambas formaciones critican que se limite la capacidad de intervención de la Administración y también ponen el foco en otra de las medidas que contiene el proyecto: los límites a la capacidad de la ciudadanía para actuar contra los planes urbanísticos.
Los cambios en la acción pública
Para dar más estabilidad a los planes urbanísticos, el Ministerio de Vivienda propone cambios en el recurso de la acción pública para recurrir administrativa y judicialmente los planes urbanísticos.
La reforma prevé que sólo se podrá actuar contra aspectos materiales o sustantivos del plan y sólo será posible recurrir vicios formales si se acredita una relevancia e influencia significativa sobre estos aspectos materiales.
También limita la posibilidad de ser reconocido como parte interesada a haber iniciado el procedimiento y establece un plazo máximo de cuatro años para poder recurrir los planes de forma indirecta (cuando se impugna el plan recurriendo un acto administrativo derivado del propio plan). Este recurso indirecto sólo podrá basarse en vicios de ilegalidad material, por lo que cualquier vicio formal o de procedimiento sólo podrá impugnarse de forma directa, lo que tiene un plazo temporal mucho menor.
Desde Vivienda niegan que la acción popular se vea afectada con la propuesta y justifican las medidas para evitar las «extorsiones» que, aseguran, han sido «práctica habitual» durante los últimos años, a través de despachos especializados, para lograr intereses particulares en la tramitación de los planes.
Respecto a la limitación temporal para recurrir de forma indirecta, esgrimen que el plazo de cuatro años es el establecido en el Código Civil para ejercer acciones resarcitorias y su reducción es una propia recomendación del Consejo de Estado.
Derecho de reversión
El otro punto polémico de la reforma es la regulación en la propia Ley del Suelo y en la Ley de Expropiación Forzosa de la posibilidad de cancelar el derecho de reversión de aquellas personas afectadas por expropiaciones para acometer desarrollos urbanísticos. El proyecto prevé una serie de supuestos para poder cancelar la constancia registral de este derecho, con la cancelación del mismo en cualquier caso una vez transcurran 30 años.
Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que no existe ninguna regulación sobre estos derechos, que ya cuenta con supuestos en la propia Ley de Expropiación Forzosa, y que la reforma sólo prevé una fórmula para su cancelación registral.
Desde Podemos, sin embargo, explican esta medida en las complicaciones que suponen estos derechos de reversión para ejecutar traspasos de terrenos en operaciones urbanísticas. Concretamente, ponen de ejemplo los recursos abiertos por la Operación Chamartín en el norte de Madrid, por los terrenos expropiados en su día para desarrollar infraestructuras ferroviarias.
En manos del PP
La falta de acuerdo en el propio Gobierno y el rechazo de los socios parlamentarios dejan la iniciativa en manos del PP.
Los ‘populares’ reconocen que se trata de una ley necesaria. No en vano, el último Gobierno de Mariano Rajoy impulsó una reforma para permitir la subsanación de planes urbanísticos. Los trabajos no llegaron a ver la luz antes de la moción de censura, pero meses después el Grupo Parlamentario Popular, ya en la oposición, registró en el Congreso una proposición de ley muy similar a la impulsada ahora por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Hace semanas, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, anunció enmiendas parciales para modificar el proyecto, dando a entender que aceptarían su tramitación en el Congreso y ahí discutir cambios con el Gobierno.
En una entrevista esta semana con Demócrata, la senadora ‘popular’ justificaba la renuncia del partido a defender enmienda a la totalidad por la necesidad de las administraciones autonómicas y locales de contar con la reforma. Defiende dar una mayor flexibilidad a los supuestos para salvar un plan y evitar anulaciones en cascada y más facilidades en la tramitación de actuaciones urbanísticas.
También extender el régimen de retroactividad previsto por el Gobierno. Vivienda plantea que los planes en vigor puedan ser subsanados con los supuestos previstos en el proyecto, salvo que estén recurridos. El PP quiere que puedan subsanarse los que estén recurridos e incluso aquellos sobre los que haya una sentencia, siempre que esta esté pendiente de ejecución.
La tentación de tumbar el proyecto
Pese a anunciar enmiendas parciales, los ‘populares’ han optado por la discreción y no revelar el sentido de voto. Defienden la urgencia de la norma, pero a la vez existe la tentación de tumbar el primer proyecto del Gobierno en la legislatura y evidenciar las diferencias internas del Ejecutivo y su debilidad parlamentaria.
Sería la segunda iniciativa legislativa que tumba al PSOE esta semana, tras el rechazo en el Congreso de la proposición de ley para prohibir la prostitución. Una propuesta que en la pasada legislatura los ‘populares’ ya habían apoyado, pero que en esta ocasión decidieron rechazar.
