Si toda fase expansiva de la economía va acompañada (o precedida) de una reforma o reformulación de la normativa urbanística, la que en estos momentos se tramita en el Congreso no será, a priori, la más profusa.
Sus consecuencias no son, en ningún caso, menores: permite, bajo determinadas circunstancias, subsanar errores para evitar la anulación de planes urbanísticos por defectos formales o de procedimiento, y limita las consecuencias de una posible anulación.
La propuesta del Gobierno restringe también la capacidad del ciudadano para actuar contra estos planes, al fijar un plazo máximo para recurrir de forma indirecta y establecer una serie de requisitos para presentar un recurso y limitar el alcance de la impugnación.
