La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado recientemente que es imposible implementar el modelo de financiación especial acordado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Según ellos, este acuerdo marca el inicio de la desaparición del Estado si se aplica a otras comunidades autónomas, y han solicitado nuevamente la renuncia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
En una presentación realizada en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), los inspectores argumentaron que este acuerdo también provocaría la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la cual quedaría fragmentada y distribuida entre las distintas regiones.
Desde su perspectiva, se vulnerarían principios fundamentales de la fiscalidad española, insistiendo en que la gestión del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2026 es inviable. Aducen que no es realista esperar que se mantenga la eficiencia en la conciliación de datos entre una base nacional y otra catalana, lo que afectaría negativamente la rapidez de las devoluciones en las declaraciones de renta.
Imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales, han añadido. A pesar de no proporcionar cifras exactas de impacto económico, mencionaron que los impuestos recaudados en Cataluña representaron el 19,35 % del total nacional en 2022, con una recaudación estatal de 255.463 millones de euros, de los cuales 49.434 millones provenían de Cataluña.
Finalmente, alertaron sobre las consecuencias que este pacto tendría en la lucha contra el fraude fiscal, dado que la separación de datos entre la hacienda española y la catalana impediría mantener los actuales niveles de efectividad en esta área. Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude, recalcaron.